«Estado en alerta roja»: Ex directores de Gendarmería advierten sobre los riesgos del contacto de presos con el exterior.

Una gran polémica estalló cuando el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, permitió a presos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) realizar videollamadas con el exterior. Gendarmería advirtió sobre los riesgos para la seguridad del personal y los internos. A pesar de las objeciones, Urrutia mantuvo su decisión, lo que llevó a la institución a apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alertando sobre la gravedad de la medida.

La autorización desencadenó un intenso debate sobre los derechos humanos de los reclusos, el régimen penitenciario excepcional y los desafíos para la administración estatal. Christian Alveal, ex Director de Gendarmería, calificó la resolución como una «alarma roja para el Estado», señalando la falta de adaptación a la amenaza del crimen organizado y planteando preocupaciones sobre la integridad del juez.

Alveal destacó la complejidad de gestionar perfiles criminales altamente peligrosos y cuestionó la aplicación del garantismo a casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Claudio Martínez, otro ex Director de Gendarmería, denunció que la medida contradice la política de seguridad de alta peligrosidad, facilitando la comunicación entre bandas desde la cárcel hacia el exterior.

Se evidenció la necesidad de un equilibrio entre los derechos de los presos y la lucha contra el crimen organizado. La entrada de celulares a las cárceles fue señalada como un grave problema, pues facilita la planificación delictiva. Martínez advirtió sobre el riesgo de que los derechos de los presos comprometan los de quienes no han delinquido.

La decisión, según Martínez, empodera a los líderes de bandas al permitirles una comunicación fluida con el exterior. Destacó que el Estado proporciona condiciones básicas a los reclusos, lo que contrasta con la facilitación de comunicaciones. En resumen, se requiere una reflexión sobre la gestión penitenciaria y la lucha contra el crimen organizado en el marco de los derechos humanos.