Legisladores señalan al juez Urrutia como «un peligro» y demandan su destitución después de autorizar videollamadas para reclusos.

Un grupo de diputados ha solicitado la destitución del juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Se le atribuye haber autorizado videollamadas para reclusos de alta peligrosidad en la Cárcel de Alta Seguridad de la Región Metropolitana.

Los legisladores argumentan que estas decisiones comprometen la seguridad de la ciudadanía y contradicen los esfuerzos para contener el avance del crimen organizado en el país. Desde la Cámara de Diputados, expresaron su preocupación y cuestionaron el actuar del juez Urrutia, especialmente al otorgar privilegios a internos vinculados a la organización criminal «Tren de Aragua».

A pesar de las alertas de Gendarmería, el juez ratificó su resolución, lo que llevó el asunto hasta la Corte de Apelaciones. El Gobierno aseguró que utilizará todas las herramientas legales disponibles para revertir tales medidas.

La diputada Camila Flores de Renovación Nacional afirmó que el juez Urrutia representa un peligro para la sociedad y ha mostrado un sesgo de activismo judicial, beneficiando políticamente a ciertos grupos, como el Tren de Aragua.

Mauro González, también de RN, destacó la gravedad de autorizar videollamadas para presos de alta peligrosidad en un momento de crisis de seguridad. Afirmó que estas decisiones ponen en riesgo a la ciudadanía y critica la falta de objetividad del juez.

Karen Medina del Partido de la Gente se sumó a las peticiones de destitución, cuestionando la defensa de los derechos humanos realizada por Urrutia, centrada más en los delincuentes que en los ciudadanos.

Stephan Schubert de la Bancada Republicana condenó el activismo político-judicial y criticó que el juez permita videollamadas de condenados por delitos de crimen organizado, sabiendo que desde las cárceles se planean crímenes fuera de ellas.