Escalada de violencia en Bolivia: Gobierno atribuye a narcos y fines políticos la muerte de cuatro policías y un civil

La administración del presidente Luis Arce denunció este jueves que grupos armados vinculados al narcotráfico se infiltraron en las protestas lideradas por simpatizantes del exmandatario Evo Morales, en las que murieron cuatro policías y un civil. Los bloqueos, que llevan más de diez días en rutas clave del país, exigen anular el fallo judicial que impide la candidatura de Morales en las elecciones del 17 de agosto.

Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, los ataques fueron organizados y ejecutados con francotiradores y violencia extrema. «Esto no es una protesta. En Llallagua hubo una emboscada vinculada al narcotráfico y motivaciones políticas», declaró. Aguilera detalló que dos de los agentes fallecieron por impactos de bala, uno por disparo de arma larga y otro por herida grave; mientras que otros dos policías murieron tras ser brutalmente golpeados o por la explosión de dinamita.

Los policías fallecidos fueron identificados como los subtenientes Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Apata, y el sargento Alberto Mamani. El cuarto caso sigue bajo investigación. El capitán Dainor Miranda permanece en cuidados intensivos tras recibir un disparo, mientras más de 30 personas, incluidos civiles, han resultado heridas durante los enfrentamientos.

Imágenes captadas por Bolivia TV muestran a manifestantes golpeando con piedras a los agentes y arrebatándoles sus equipos. En Llallagua, algunos vecinos intentaron liberar las vías bloqueadas ante la falta de alimentos, lo que derivó en nuevos choques violentos.

El presidente Arce aseguró que los operativos continuarán hasta restablecer el libre tránsito. “Los bloqueos buscan derrocar al gobierno”, afirmó, y ordenó liberar las rutas entre Cochabamba y otras regiones clave del país.

Las manifestaciones estallaron tras la decisión del Tribunal Constitucional que inhabilita a Morales como candidato. Desde el Chapare, donde permanece por una causa judicial pendiente, Morales calificó la sentencia como una persecución política y advirtió que “este movimiento es imparable”. Además, acusó al gobierno de criminalizar una protesta legítima.

El gobierno respondió con una denuncia penal contra Morales por incitación a la violencia, mientras cinco dirigentes cercanos a él han sido detenidos. Los grupos afines al ex mandatario amenazan con radicalizar aún más las protestas.

En paralelo, el conflicto ya causa serios efectos económicos: las pérdidas superan los 100 millones de dólares, mientras en ciudades como La Paz se registran escasez de productos básicos, alzas de precios y extensas filas para conseguir alimentos. La crisis ha desatado una de las peores tensiones internas en Bolivia desde la renuncia de Evo Morales en 2019, en un contexto de lucha por el liderazgo del partido oficialista MAS.

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