Contraloría detecta graves retrasos en plan para combatir los residuos marinos y exige medidas al Gobierno

Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló importantes incumplimientos en la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos. El organismo advirtió falta de seguimiento, escasa coordinación entre instituciones y retrasos en acciones clave para reducir la contaminación de los océanos.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, iniciativa aprobada en 2021 para coordinar las acciones del Estado destinadas a prevenir y disminuir la contaminación por desechos en el mar.

De acuerdo con el Informe Final N.º 129 de 2026, la auditoría evaluó el cumplimiento del plan de acción correspondiente al período 2021-2030, revisando aspectos relacionados con la coordinación entre organismos públicos, contrataciones, pagos, viáticos y el desarrollo de las actividades comprometidas.

Falta de seguimiento y control de las acciones comprometidas

Uno de los principales hallazgos señala que la Subsecretaría del Medio Ambiente no contaba con procedimientos ni directrices que permitieran monitorear el avance de las medidas contempladas en la estrategia.

La Contraloría constató que, hasta marzo de 2026, la institución no disponía de información sistematizada sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, situación que podría afectar la planificación, la supervisión y la toma de decisiones para enfrentar la problemática de los residuos marinos y los microplásticos.

El organismo fiscalizador advirtió que esta falta de seguimiento dificulta evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas y corregir oportunamente los retrasos detectados.

Escasos avances en programas de prevención y reciclaje

La auditoría también identificó deficiencias en la coordinación entre la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).

Según el informe, las instituciones no acreditaron gestiones orientadas a promover programas de prevención, recolección, valorización y disposición adecuada de residuos marinos, además de no demostrar iniciativas para difundir experiencias desarrolladas por empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, la revisión estableció que tampoco se definieron acciones concretas para avanzar en estos compromisos, pese a que su implementación debía comenzar durante 2022.

Retrasos en economía circular y responsabilidad extendida del productor

Otro de los puntos observados por la Contraloría corresponde al escaso progreso en la identificación de productos provenientes de los sectores pesquero y acuícola que podrían incorporarse al sistema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), contemplado en la Ley N.º 20.920.

La auditoría también evidenció la ausencia de medidas destinadas a impulsar la economía circular en caletas pesqueras y disminuir la generación de residuos plásticos que terminan contaminando el borde costero y los ecosistemas marinos.

Estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por la estrategia nacional para fortalecer la gestión sustentable de los residuos en actividades vinculadas al mar.

Capacitaciones comprometidas nunca fueron ejecutadas.

Entre las observaciones realizadas por la CGR también figura el incumplimiento de las capacitaciones comprometidas para fortalecer la educación ambiental.

El informe indica que la Subsecretaría del Medio Ambiente no realizó los cursos semestrales dirigidos a servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impacto de los residuos marinos y microplásticos.

Además, la institución tampoco presentó una planificación que permitiera desarrollar estas actividades, cuya ejecución estaba contemplada desde 2022.

Contraloría ordena adoptar medidas correctivas.

Frente a las irregularidades detectadas, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Medio Ambiente elaborar, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y lineamientos que permitan fortalecer la planificación, supervisión y seguimiento de todas las actividades contempladas en el plan de acción.

Asimismo, el organismo deberá informar las coordinaciones realizadas con otras instituciones y presentar una planificación para ejecutar las iniciativas que aún permanecen pendientes.

En paralelo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances alcanzados en las acciones programadas para 2026.

Por su parte, Directemar tendrá que identificar las brechas existentes, evaluar las actividades desarrolladas hasta ahora e informar las medidas que adoptará para avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la estrategia.

También hubo observaciones en procesos administrativos.

La auditoría detectó además deficiencias en algunos procesos de pago asociados a actividades de difusión y capacitación.

Ante esta situación, la Contraloría ordenó a la Subsecretaría del Medio Ambiente fortalecer sus mecanismos de control interno, ajustar sus procedimientos administrativos e incorporar los antecedentes faltantes en los expedientes correspondientes, con el fin de asegurar una adecuada trazabilidad de los recursos públicos utilizados.

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