Reclasificación del cannabis en EE.UU. reaviva el debate sobre su riesgo y regulación en Chile

La decisión de Estados Unidos de considerar la marihuana como una droga de menor peligrosidad vuelve a poner en discusión la política chilena sobre cannabis, marcada por alto consumo, vacíos legales y persecución penal.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reclasificar la marihuana como una sustancia de menor riesgo marcó un giro relevante en la política de drogas de ese país y reabrió el debate en Chile sobre la regulación del cannabis, su impacto en la salud pública y las incongruencias del marco legal vigente.

El 18 de diciembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que trasladó la marihuana desde la Lista I, reservada para drogas consideradas altamente peligrosas y sin uso médico aceptado, a la Lista III del sistema federal estadounidense. En esta categoría se ubican sustancias como la codeína o la ketamina, que cuentan con aplicaciones terapéuticas y un menor nivel de peligrosidad. Aunque el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal, el cambio facilita la investigación científica y médica sobre sus posibles beneficios.

Especialistas coinciden en que esta medida representa el cambio más significativo en la política de drogas de Estados Unidos desde la década de 1970. Para el académico Pablo Galain, investigador en políticas de drogas, la decisión responde al desgaste del enfoque prohibicionista y al avance sostenido de la evidencia científica. En particular, menciona el descubrimiento del sistema endocannabinoide y su relación con diversos procesos del organismo.

El psicólogo y antropólogo Mauricio Sepúlveda plantea que la reclasificación corrige una contradicción legal y reconoce una realidad que ya existía en la práctica. A su juicio, el cambio tiene tres efectos principales, mayor coherencia normativa, impulso a la investigación clínica y farmacológica, y una menor presión sobre el sistema penal al reducir la criminalización del consumo.

La discusión cobra especial relevancia en Chile. Actualmente, la marihuana sigue clasificada como una droga altamente peligrosa según la Ley 20.000 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 867. Esta categoría la equipara a sustancias como la cocaína o las anfetaminas y permite la persecución penal incluso de usuarios medicinales, si no cumplen estrictamente con los requisitos legales. El resultado ha sido una aplicación desigual de la norma y fallos judiciales distintos ante casos similares.

Desde el ámbito sanitario, existe consenso en que el cannabis no es una sustancia inocua, especialmente en menores de edad. La psiquiatra Cynthia Zavala advierte que su consumo puede asociarse a ansiedad, alteraciones cognitivas, problemas de coordinación y riesgos cardiovasculares. También señala que en personas jóvenes puede afectar el neurodesarrollo y aumentar el riesgo de síntomas psicóticos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que las intoxicaciones graves y las muertes asociadas al consumo de cannabis son extremadamente infrecuentes, en comparación con otras drogas clasificadas en la categoría más alta.

Las cifras oficiales del Senda estiman que cerca de dos millones de personas consumen cannabis en Chile. No obstante, organizaciones sociales sostienen que el número real podría ser considerablemente mayor si se consideran el autocultivo y el uso medicinal no registrado. Esta brecha entre consumo real y legislación vigente ha generado, según expertos, una persecución penal desigual, que afecta con mayor fuerza a jóvenes de sectores vulnerables, mientras el mercado ilegal continúa operando.

Para varios analistas, mantener al cannabis en una categoría de alta peligrosidad tiene un efecto directo, obliga a millones de consumidores a relacionarse con el mercado informal, uno de los principales motores del crimen organizado. Desde esta mirada, el foco del Estado sigue puesto en los usuarios y no en las redes de narcotráfico.

La experiencia de Uruguay suele aparecer como referencia en este debate. Con más de una década de regulación, el país implementó sistemas de autocultivo, clubes de cannabis y venta en farmacias, lo que ha permitido reducir el mercado ilegal sin registrar aumentos significativos en el consumo ni en los niveles de violencia. Las autoridades uruguayas enfatizan que la regulación no promueve el uso, sino que prioriza la prevención, el control y el acceso seguro.

En este escenario, la reclasificación del cannabis en Estados Unidos vuelve a instalar una pregunta clave en Chile, si la marihuana debe seguir siendo tratada como una de las drogas más peligrosas o si el debate debe centrarse en la evidencia científica, la salud pública y la coherencia del sistema legal.

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