China Mobile y el cable Chile–China: el trámite exprés que tensionó la relación con Estados Unidos

La rápida aprobación y posterior anulación de una concesión a China Mobile para instalar un cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso abrió un debate político y geopolítico en Chile. El proceso tardó solo 61 días, muy por debajo del promedio histórico, y terminó generando cuestionamientos internos y una reacción directa de Washington.

La iniciativa contemplaba otorgar por 30 años la concesión a CMI Chile SpA, filial local de China Mobile International. El decreto fue firmado el 27 de enero de 2026, pero dos días después quedó sin efecto. En un inicio se habló de errores administrativos. Luego, desde el Ejecutivo se reconoció que era necesario recabar más antecedentes tras advertencias de la Embajada de Estados Unidos.

Un trámite en tiempo récord que generó críticas

El proyecto ingresó formalmente el 26 de noviembre de 2025. Entre esa fecha y la firma del decreto transcurrieron 61 días. El promedio para concesiones similares es de 263 días. Esa diferencia fue considerada inusual y desató cuestionamientos sobre la prolijidad y transparencia del proceso.

El mismo día en que Chile anuló la concesión, el Ministerio de Ecología y Medioambiente de China aprobó el informe ambiental para el tendido del cable en su territorio. El contraste dejó en evidencia que la iniciativa tenía una planificación previa y respaldo institucional en el país asiático.

La controversia escaló cuando la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump revocó las visas del ministro de Transportes y de otras autoridades vinculadas al proceso. Washington argumentó que la participación de una empresa estatal china en infraestructura crítica podía implicar riesgos de ciberseguridad y eventual acceso a datos sensibles.

Un proyecto que se gestó desde 2023

Los antecedentes del cable se remontan a junio de 2023, cuando autoridades de telecomunicaciones chilenas participaron en el Mobile World Congress Shanghai, organizado por la asociación global de la industria móvil GSMA. En ese evento tuvieron fuerte presencia compañías estatales como China Mobile, China Telecom y China Unicom.

Tras ese viaje, la tramitación dejó de radicarse en Cancillería y pasó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Desde entonces se registraron múltiples reuniones con ejecutivos de empresas vinculadas al sector, entre ellas Huawei y representantes de firmas especializadas en cables submarinos.

En abril de 2025, el delegado de China Mobile en Chile presentó formalmente la compañía. En diciembre del mismo año, pocos días después de solicitar la concesión, expuso su plan de inversiones en telecomunicaciones.

La secuencia de encuentros refuerza la tesis de que el proyecto no surgió de manera improvisada, sino que venía desarrollándose desde al menos 2023.

Quién es China Mobile

Fundada en 1997 en Hong Kong, China Mobile es el mayor operador de telecomunicaciones móviles del mundo por número de suscriptores. Está controlada mayoritariamente por el holding estatal China Mobile Communications Group.

Al 30 de junio de 2025, el grupo reportaba más de 1.005 millones de clientes móviles y 323 millones de usuarios de banda ancha fija. Además, cuenta con cerca de 450.000 empleados.

En el primer semestre de 2025 registró ingresos por 543.800 millones de yuanes, equivalentes a unos 79.370 millones de dólares, y utilidades atribuibles por 84.200 millones de yuanes, alrededor de 12.000 millones de dólares.

La compañía opera en todas las provincias de China continental y en Hong Kong. Ofrece servicios de telefonía móvil, datos, banda ancha, centros de datos, computación en la nube e Internet de las cosas. También participa en desarrollos vinculados a redes 5G, investigación en 6G e inteligencia artificial.

Tecnología, seguridad y rivalidad global

El caso chileno se inserta en una competencia tecnológica más amplia entre China y Estados Unidos. En los últimos años, Washington ha restringido la participación de varias empresas chinas en su infraestructura de telecomunicaciones, argumentando riesgos para la seguridad nacional.

El debate se ha trasladado a terceros países, donde proyectos de conectividad, como los cables submarinos, adquieren una dimensión estratégica. Por estas redes circula la mayor parte del tráfico mundial de datos, lo que las convierte en infraestructura crítica.

Además, la Ley de Inteligencia Nacional china de 2017 obliga a organizaciones y ciudadanos a cooperar con las labores de inteligencia del Estado, un punto que suele ser citado por gobiernos occidentales para justificar sus reparos. Beijing rechaza estas acusaciones y sostiene que sus empresas operan conforme a las leyes locales.

En Chile, la anulación del decreto dejó el proyecto en suspenso. Lo que comenzó como una obra de conectividad terminó convertido en un episodio que refleja la creciente tensión tecnológica y geopolítica entre las dos principales potencias del mundo.

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