El cable Chile–China que genera alarma política por sus implicancias geopolíticas y de seguridad

Parlamentarios advierten riesgos estratégicos, de seguridad y soberanía digital ante un proyecto de cable submarino que conectaría directamente Chile con China.

La iniciativa conocida como Chile–China Express volvió a instalar un intenso debate político y estratégico en Chile. Se trata de un proyecto de cable submarino de fibra óptica que busca conectar directamente el puerto de Valparaíso con Hong Kong, impulsado por la empresa Inchcape Shipping Services (ISS) y respaldado por la administración del presidente Gabriel Boric.

Aunque sus promotores lo presentan como un salto tecnológico capaz de posicionar a Chile como un hub digital regional, el proyecto ha despertado fuertes cuestionamientos desde el Congreso. Parlamentarios de oposición advierten que el cable podría tener implicancias geopolíticas sensibles y exigen que se investigue con mayor profundidad su alcance, financiamiento y eventuales riesgos para la soberanía digital.

Según la información conocida, el Chile–China Express promete velocidades de transmisión de hasta 16 terabits por segundo, mayor estabilidad en la conectividad internacional y una reducción de costos en el tráfico de datos. Desde ISS han señalado que el proyecto permitiría diversificar las rutas de conexión del país, hoy altamente dependientes de cables que pasan por Estados Unidos.

Víctor Oelckers, gerente general de ISS, sostuvo en una presentación ante Puerto Valparaíso que esta iniciativa contribuiría a la autonomía digital de Chile. A su juicio, contar con una conexión directa con Asia disminuiría los riesgos ante eventuales fallas o interrupciones en las actuales rutas de fibra óptica.

Un avance marcado por el secretismo. A diferencia del Cable Humboldt, proyecto impulsado por el Estado chileno junto a Google y otros socios internacionales, el Chile–China Express ha avanzado con escasa información pública. El cable Humboldt, que conectará Valparaíso con Sídney pasando por Tahití, fue anunciado con cronogramas claros, montos de inversión estimados entre 300 y 550 millones de dólares y socios plenamente identificados.

En contraste, el proyecto Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa en desarrollo, sin detalles públicos sobre su financiamiento, consorcio, estructura contractual ni evaluaciones de seguridad. Tampoco ha existido un anuncio formal del gobierno respecto de sus condiciones o alcances.

El principal foco de preocupación radica en el rol de China en la eventual operación o control de infraestructura crítica. Desde 2017, el país asiático cuenta con una Ley de Ciberseguridad y una Ley de Inteligencia Nacional que obligan a empresas y ciudadanos a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado. Para los críticos, esto abre la puerta a que datos que circulen por infraestructura vinculada a empresas chinas puedan ser accesibles para Pekín.

Un asunto de alcance regional El debate no se limita al territorio chileno. Especialistas y legisladores advierten que el tráfico de datos de otros países de la región, como Argentina, Brasil, Uruguay, Perú o Ecuador, podría eventualmente enrutarse a través de este cable. Esto convertiría al Chile–China Express en un asunto de impacto regional, con implicancias para la seguridad de millones de usuarios en América Latina.

El senador Alejandro Kusanovic fue uno de los primeros en levantar alertas públicas. A fines de 2025 calificó el proyecto como “incómodo” y advirtió que los cables submarinos no son simples obras de infraestructura, sino activos estratégicos capaces de permitir vigilancia, acceso a información sensible y proyección de poder.

Kusanovic cuestionó además el momento político en que avanzó la iniciativa y criticó la relación del gobierno de Boric con Estados Unidos, señalando que Chile no debería transformarse en un escenario de disputa entre China y Occidente. También expresó reparos por la exclusión de territorios estratégicos como Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández en proyectos de conectividad impulsados por el Estado.

Tras la elección presidencial, el senador pidió que la futura administración de José Antonio Kast revise y corrija el proyecto con urgencia. En declaraciones posteriores, acusó falta de conducción institucional, opacidad en la toma de decisiones y ausencia de una evaluación clara del interés nacional.

Desde la Cámara de Diputados, el parlamentario Hotuiti Teao solicitó que la Comisión de Defensa Nacional realice una sesión secreta para analizar los antecedentes del cable submarino. A su juicio, la naturaleza estratégica del proyecto justifica un nivel elevado de reserva y fiscalización.

Teao subrayó que la iniciativa involucra infraestructura crítica de telecomunicaciones, participación de un actor extranjero en un ámbito sensible y la ausencia de información pública sobre evaluaciones de seguridad y ciberseguridad. Además, cuestionó que no se incorporen territorios insulares estratégicos como Rapa Nui y Juan Fernández.

Para los legisladores críticos, el caso del Chile–China Express refleja la necesidad de que proyectos de esta magnitud cuenten con transparencia, debate político y una visión estratégica de Estado. En ese contexto, el Congreso busca ejercer su rol fiscalizador antes de que una decisión irreversible pueda comprometer la proyección digital y geopolítica del país.

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