El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra el representante legal de la Fundación Procultura por el delito de apropiación indebida.

El escrito de la querella apunta a que la representante «distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico».

Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra la representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida. El Código Penal establece penas privativas de libertad para aquellos que, en perjuicio de otro, se apropien o distraigan dinero u otros bienes que hayan recibido en depósito, comisión o administración. La querella sostiene que este delito se habría cometido mediante la suscripción de convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu, por un total de $545 millones. A pesar de la transferencia de estos fondos, se detectaron incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas, lo que llevó a la Seremi a ponerles término anticipado. El CDE también presentó una medida precautoria de retención de fondos, pero se descubrió que la fundación no tenía fondos en su cuenta bancaria. La querella acusa que la Fundación Procultura se apropió indebidamente de $511.058.002 de fondos destinados a un fin público específico.