Director de la PDI Renuncia por Acusaciones de Filtración de Información Confidencial.

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, presentó su renuncia en la noche del viernes a raíz de la revelación de que será formalizado por la Fiscalía por presunta filtración de información confidencial en relación al caso de los audios que vinculan al abogado Luis Hermosilla.

Muñoz se reunió en las oficinas de La Moneda con el presidente Gabriel Boric para comunicarle su dimisión.

«El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia al cargo del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez. De acuerdo con la ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo. En este caso, el prefecto general Claudio González Hofstetter», indicó Presidencia en un comunicado.

Posteriormente, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien previamente había ratificado a Muñoz en su cargo, ofreció una conferencia de prensa para confirmar la renuncia del ahora exdirector de la PDI, subrayando que fue una decisión personal y no del Gobierno.

«Las renuncias se pueden aceptar cuando se presentan y ha sido el director general de la Policía de Investigaciones, quien ha decidido presentar su renuncia, hecho que ha ocurrido en una reunión que ha solicitado con el presidente de la República, y aceptó esa renuncia. Por tanto, la posición del Gobierno no ha cambiado, lo que cambió es una decisión del director general de la PDI», afirmó Monsalve.

Durante la mañana del viernes, la Unidad Patrimonial y de Corrupción del OS7 de Carabineros realizó allanamientos simultáneos en el domicilio y en la oficina de Muñoz.

Estas acciones fueron solicitadas por la Fiscalía Oriente el día anterior y forman parte de la investigación del caso de los audios, uno de los mayores escándalos políticos recientes.

La indagatoria se inició tras el análisis del celular de Luis Hermosilla, del cual se obtuvo información que implicaría directamente al Director General de la PDI en presuntos delitos.