Proyecto de ley sobre desalinización en Chile podría ser aprobado este año

El gobierno chileno ha puesto urgencia simple al proyecto de ley que busca regular la industria de desalinización en el país, una iniciativa que lleva en proceso legislativo desde 2018 y que podría finalmente convertirse en ley durante 2024 o 2025. Esta medida, anunciada hace dos días, ha generado optimismo entre los legisladores y la industria, quienes esperan que el ingreso de una indicación sustitutiva en los próximos días impulse su rápida aprobación.

El proyecto de ley, conocido como boletín 11608-09, establece varios ejes fundamentales. En primer lugar, declara que las aguas desalinizadas son bienes nacionales de uso público. Además, crea una Estrategia Nacional de Desalinización para orientar el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras. También prioriza el uso de estas aguas para consumo humano, doméstico y ecológico, y establece que los proyectos de plantas desalinizadoras deben pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Jorge Bofill García, director jurídico de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), destacó la importancia de este proyecto para resolver los vacíos normativos actuales en la industria de la desalinización. Actualmente, las plantas desaladoras están reguladas por normativas de concesiones marítimas, lo que no aborda de manera específica sus necesidades y desafíos.

La senadora Isabel Allende Bussi, coautora del proyecto de ley y miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, enfatizó la importancia de legislar de manera integral sobre los recursos hídricos en Chile. Esto incluye la conservación de ecosistemas, el uso eficiente del agua y la incorporación de nuevas fuentes como la desalinización y el reúso de aguas.

El contexto de escasez hídrica y crisis climática en Chile ha impulsado la necesidad de diversificar las fuentes de agua, explorando tecnologías como la desalinización. Este proyecto de ley busca establecer un marco normativo claro que asegure un manejo sostenible y ambientalmente responsable de las aguas desalinizadas, en línea con las exigencias internacionales y los desafíos locales.

Se espera que con la indicación sustitutiva y el apoyo gubernamental, el proyecto avance rápidamente en el Congreso y sea aprobado para contribuir a la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible del país.