Anomalía en el Nombramiento del Delegado de Ñuble: Ocupa el Cargo sin Aprobación de Contraloría

La renuncia del delegado presidencial de la Región de Ñuble, Anwar Farrán, el pasado lunes, ha generado múltiples interrogantes. Farrán asumió el cargo el 1 de diciembre de 2023, pero su nombramiento oficial fue ingresado a la Contraloría recién el 12 de abril de este año, cuatro meses después de su designación.

Desafíos a la Legalidad de su Nombramiento

Los parlamentarios UDI, el senador Gustavo Sanhueza y la diputada Marta Bravo, han puesto en duda la legalidad de su designación. En tres ocasiones durante 2023, solicitaron a la Contraloría que verificara si Farrán cumplía con los requisitos establecidos, incluyendo la residencia de dos años en la región.

En marzo, la Contraloría respondió que no existía resolución alguna que acreditara a Farrán como delegado. En el oficio N°463016, se informó que el decreto de nombramiento no había sido ingresado para su control de legalidad. Posteriormente, el 31 de mayo, la Contraloría rechazó una solicitud de autorización de Farrán, reafirmando que no había registros de su nombramiento.

Declaraciones del Ministerio del Interior y Reacciones

Desde la Subsecretaría del Interior se aseguró que el decreto de nombramiento fue enviado a la Contraloría el 12 de abril de 2024. Sin embargo, los legisladores UDI afirman que nunca se formalizó la designación de Farrán. Señalan que, sin el examen de legalidad correspondiente, no se puede confirmar si Farrán cumplía con los requisitos o si el Ministerio del Interior falló en tramitar el decreto, ambos casos considerados graves.

Precedente y Consecuencias

Este incidente se suma al caso del anterior delegado, Gabriel Pradenas, cuyo decreto de nombramiento también fue presentado tardíamente. La Contraloría advirtió al Ministerio del Interior sobre la infracción a las bases legales y procedimentales, solicitando que en el futuro se remitan los actos administrativos en un tiempo prudente.

Los parlamentarios del gremialismo consideran crucial la respuesta de la Contraloría, dado que Farrán firmó documentos y tomó decisiones durante los siete meses que ejerció como delegado. Bravo y Sanhueza señalan que, de comprobarse la falta de ratificación de Farrán, las autoridades del Ministerio del Interior deben asumir las responsabilidades políticas y jurídicas por este acto de negligencia, que pone en duda la legalidad de los actos en los que participó el ex delegado.