El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha adoptado un tono más confrontacional en la discusión de dos de sus proyectos más emblemáticos: la reforma previsional y la iniciativa de aborto libre. Las declaraciones de Boric y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, han generado críticas por parte de sectores políticos y religiosos, avivando tensiones en un momento clave para ambas propuestas legislativas.
Tensión en la Reforma de Pensiones
El Mandatario encendió el debate con un breve mensaje en X (antes Twitter), en el que señaló:
«A las AFP no les gusta la reforma de pensiones. Es una muy buena señal para avanzar.»
Esto en referencia a un informe del centro de estudios vinculado a las AFP que cuestionaba la propuesta de reparto del Ejecutivo.
Parlamentarios de la oposición consideraron estas palabras como simplistas y llamaron al gobierno a fomentar un debate técnico y constructivo. El diputado Frank Sauerbaum (RN) instó al Presidente a evitar conflictos innecesarios y centrarse en soluciones.
Críticas por el Proyecto de Aborto Libre
Por su parte, la ministra Antonia Orellana respondió al cardenal Fernando Chomalí, quien calificó como «un regalo» el aplazamiento del proyecto de aborto libre. Orellana afirmó que las decisiones gubernamentales no deben basarse en los deseos de «príncipes de la Iglesia», lo que desató una ola de reproches desde sectores políticos y religiosos.
El diputado Eric Aedo (DC) criticó el tono del gobierno, argumentando que en una sociedad pluralista todas las opiniones deben ser respetadas. Otros parlamentarios señalaron contradicciones en la postura del Ejecutivo hacia la Iglesia Católica.
Reacciones y Contexto
Mientras analistas y opositores tachan la postura del gobierno de intolerante, en La Moneda defienden el enfoque como parte de un diálogo político honesto. Una fuente oficial destacó que no se debe temer a la tensión en discusiones de gran relevancia para el país.
El manejo comunicacional del Ejecutivo ha puesto en relieve las dificultades de equilibrar su vocación de cambio con la necesidad de tender puentes en un Congreso dividido. ¿Podrá el gobierno mantener el curso sin sacrificar el diálogo democrático?





