Dos años después del ataque a Brasilia: condenas, fugitivos y Bolsonaro en el centro de la investigación

A dos años del violento asalto a los tres poderes de Brasil, el país sigue lidiando con las consecuencias. Con 371 condenados, 61 prófugos y el expresidente Jair Bolsonaro bajo investigación por incitación y conspiración, el caso podría marcar un antes y un después en su carrera política.

Condenas y penas de cárcel para los involucrados

El Supremo Tribunal Federal ya ha emitido 371 sentencias de condena, tras analizar más de 1.600 denuncias presentadas por la Fiscalía. Más de la mitad de los condenados, un 60%, recibió penas de prisión que oscilan entre 3 y 17 años. Los delitos van desde intento de abolición del Estado de Derecho hasta asociación ilícita armada y daños al patrimonio público.

Entre los sentenciados, 71 personas agotaron sus recursos legales y comenzaron a cumplir su pena en régimen cerrado, según informó el alto tribunal.

Acuerdos alternativos para delitos menores

En casos menos graves, las autoridades ofrecieron a los implicados la posibilidad de firmar acuerdos de no persecución penal. Hasta el momento, se han cerrado 527 acuerdos, que incluyen condiciones como reconocer los hechos, realizar servicios comunitarios, asistir a cursos sobre democracia y pagar multas. Con estas medidas, se recaudaron cerca de 1,8 millones de reales (aproximadamente 300.000 dólares).

Fugitivos y pedidos de extradición

El informe judicial señala que aún hay 61 prófugos relacionados con los hechos del 8 de enero de 2023. La mayoría huyó a países vecinos, principalmente Argentina, donde algunos ya fueron capturados. Ante el temor de ser arrestados, otros intentaron escapar hacia Estados Unidos.

Avance de la investigación y papel del juez Moraes

Desde que se inició la investigación, el Supremo ha dictado cerca de 20.000 resoluciones judiciales y abierto 15 procesos en torno a la asonada. El juez Alexandre de Moraes, encargado de instruir el caso, ha sido blanco de constantes ataques por parte de Bolsonaro y sus seguidores, quienes lo acusan de actuar con parcialidad.

Las pesquisas continúan, y la Policía trabaja para identificar a los organizadores y financiadores de la revuelta. La principal hipótesis es que se trató de un intento de golpe de Estado, impulsado por grupos radicales que buscaban evitar la toma de posesión de Lula da Silva y mantener a Bolsonaro en el poder mediante una intervención militar.

Bolsonaro, al borde del juicio

El expresidente Jair Bolsonaro, de 69 años, está en la mira de la Justicia por su presunta participación en los hechos. La investigación apunta a que, además de incitar a sus seguidores, Bolsonaro habría estado involucrado en un plan para derrocar al gobierno e incluso atentar contra la vida de Lula y otras autoridades.

De ser acusado formalmente por la Fiscalía, Bolsonaro enfrentaría cargos de golpe de Estado, abolición violenta del orden democrático y asociación ilícita, con penas que podrían superar los 30 años de prisión.

El futuro del exmandatario depende ahora de la decisión de la Fiscalía, que deberá determinar si presenta una acusación formal ante el Supremo Tribunal Federal.

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