La defensa de Isabel Allende calificó como gravísima la filtración del fallo del Tribunal Constitucional que derivó en su destitución, cuestionando la legalidad del proceso y la falta de transparencia.
Los abogados de la exsenadora Isabel Allende, Gabriel Osorio Vargas (área administrativa) y Paula Vial Reynal (área penal), emitieron un comunicado criticando la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que terminó con la destitución de su representada.
En la declaración, los juristas calificaron la situación como «inaudita desde el punto de vista institucional», debido a que se filtró el contenido del fallo antes de su publicación oficial. A pesar de que han transcurrido más de 24 horas desde que se revisó la causa, el fallo aún no ha sido divulgado formalmente, pero ya se han difundido versiones que aseguran la salida de Allende del Senado.
Según la defensa, esta filtración infringe el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales, que exige la confidencialidad de los acuerdos adoptados por el TC.
La destitución de Isabel Allende se originó tras una acusación de inconstitucionalidad presentada por el Partido Republicano y Chile Vamos. Ambos sectores denunciaron presuntas irregularidades en la firma del contrato de venta de la casa del expresidente Salvador Allende al Estado. El TC acogió el requerimiento y resolvió su remoción del cargo.
Los abogados calificaron la filtración como un hecho de «máxima gravedad», ya que compromete la transparencia del proceso y anticipa una decisión que aún no ha sido oficializada. “Es grave que se filtren acuerdos que, según la ley, deben mantenerse en reserva”, enfatizaron.
En paralelo, el Partido Socialista (PS) expresó su apoyo a Isabel Allende, destacando su extensa trayectoria política como diputada, senadora y expresidenta tanto de la Cámara Baja como del Senado. El partido también rechazó cualquier intento de minimizar el legado del expresidente Salvador Allende.
Aunque el PS evitó emitir críticas directas al TC, llamó a asumir responsabilidades políticas y administrativas por las fallas en el acto que originó la controversia. “Es indispensable que quienes debieron velar por una correcta ejecución del procedimiento asuman su responsabilidad”, señalaron.
Finalmente, la colectividad informó que mantiene en evaluación su relación con la coalición de Gobierno, señalando que se encuentran en un proceso de “reflexión”.








