La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría coordinada con unidades internas de organismos públicos y municipalidades. El objetivo es revisar la recuperación de subsidios por incapacidad laboral que adeudan Isapres y Fonasa a entidades públicas.
La auditoría también fiscalizará los reintegros que deben hacer los funcionarios cuyas licencias médicas fueron rechazadas.
Este operativo comenzó a principios de septiembre y abarca 733 instituciones en todo Chile, incluyendo:
- 173 del sector salud
- 33 de educación escolar
- 26 de Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería
- 24 de educación superior
- 2 empresas del Estado
- 143 otros servicios públicos
- 332 municipalidades
Se revisarán los plazos en que los beneficiarios presentan las licencias y las acciones que los servicios públicos han realizado para cobrar los montos adeudados.
También se analizarán casos de funcionarios que no cumplieron el reposo recomendado y, por lo tanto, deberán devolver los días pagados indebidamente.
La CGR examinará la eficacia de los procedimientos, la trazabilidad de los cobros y la consistencia documental, para proteger los fondos públicos y homogeneizar los procesos en los servicios.
Se espera que los resultados se publiquen en un plazo de aproximadamente tres meses. Tras esto, la Contraloría podrá emitir recomendaciones o medidas correctivas.








