Operación Tun Tun, cómo un símbolo navideño fue transformado en una herramienta de represión en Venezuela

Un informe de la ONU expone el uso de una expresión cultural para justificar detenciones arbitrarias, violencia y control social tras las elecciones de 2024

La llamada Operación Tun Tun se ha consolidado como uno de los mecanismos más visibles de represión política utilizados por el régimen venezolano en los últimos años. De acuerdo con el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, esta expresión, originalmente vinculada a la tradición navideña y a un mensaje de paz y bienvenida, fue resignificada por el chavismo para amparar detenciones arbitrarias, violencia institucional y control social contra disidentes y opositores políticos.

Del canto navideño a la amenaza política

La expresión “Tun Tun” proviene de una conocida canción navideña venezolana que alude al sonido de alguien tocando la puerta como símbolo de encuentro, hospitalidad y convivencia pacífica. Sin embargo, el régimen venezolano transformó este significado cultural en una advertencia intimidatoria, asociada a operativos de seguridad caracterizados por el uso de la fuerza, allanamientos sin orden judicial y arrestos sin explicación formal.

Durante las protestas de 2017, el entonces diputado y actual ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, introdujo públicamente el término para referirse a acciones represivas ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Desde entonces, la expresión quedó instalada como sinónimo de persecución política.

La reactivación tras las elecciones de 2024

Según la Misión de la ONU, en 2024 el propio Nicolás Maduro retomó el uso del término de manera explícita. En declaraciones públicas advirtió que “la justicia les va a llegar” mediante la Operación Tun Tun contra “terroristas, violentos y conspiradores”, agregando frases dirigidas a deslegitimar cualquier denuncia pública posterior.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se produjo una nueva ola de detenciones postelectorales. Testimonios recogidos por la Misión y publicaciones en redes sociales como Instagram y TikTok evidenciaron la reactivación sistemática de estos operativos en distintas regiones del país.

Cómo operan los cuerpos de seguridad

Los relatos documentados describen un patrón repetido. Funcionarios de seguridad, incluyendo efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, irrumpían en viviendas durante la madrugada, golpeaban puertas y, en ausencia de respuesta, las derribaban para llevarse a las personas detenidas sin entregar información a familiares. En otros casos, recorrían casas golpeando con armas para forzar la apertura.

Varias personas fueron arrestadas únicamente por manifestar su rechazo a los resultados electorales mediante videos, publicaciones en redes sociales o mensajes enviados por aplicaciones de mensajería. Posteriormente, las autoridades formularon acusaciones de terrorismo o incitación al odio, sin pruebas verificables, reforzando el uso de la Operación Tun Tun como mecanismo de represión política y disciplinamiento social.

El rol central de la Guardia Nacional Bolivariana

El informe de la ONU detalla el papel desempeñado por la Guardia Nacional Bolivariana durante estos operativos. Según declaraciones del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, al menos diez organismos de seguridad participaron en el despliegue, entre ellos la GNB, como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La participación de la Guardia Nacional se registró tanto en comisiones mixtas como de forma individual, especialmente en zonas rurales, regiones alejadas de los grandes centros urbanos y áreas fronterizas con Colombia. La mayoría de las detenciones se realizaron en domicilios de personas previamente identificadas como objetivos, aunque también hubo arrestos en espacios públicos.

El comandante general de la GNB, mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, declaró públicamente que los operativos lograron “llegar a la casa de estos traidores”, confirmando la existencia de acciones planificadas y dirigidas.

Inteligencia, denuncias y acusaciones fabricadas

La Misión documenta que muchos arrestos fueron precedidos por labores de inteligencia. Los organismos de seguridad analizaban fotografías, videos y mensajes en redes sociales o WhatsApp para identificar a los presuntos opositores. Posteriormente, se elaboraban imputaciones que en algunos casos contenían información falsa o manipulada.

Algunas detenciones se originaron en denuncias realizadas a través de la aplicación VenApp por personas afines al régimen, lo que refuerza el carácter arbitrario y selectivo de estas acciones.

Violencia sexual y de género en custodia

En el contexto de los planes de represión política implementados entre 2024 y 2025, la Misión de la ONU documentó graves actos de violencia sexual y de género contra personas detenidas, especialmente mujeres. Estos hechos ocurrieron en instalaciones bajo control de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN y la DGCIM.

Testimonios indican que en algunos destacamentos de la GNB mujeres detenidas fueron obligadas por funcionarios a mantener relaciones sexuales a cambio de poder comunicarse con sus familiares. También se registraron casos en los que una detenida presenció agresiones sexuales contra otras mujeres en la misma celda.

El informe aclara que, en los casos investigados específicamente en el contexto de la Operación Tun Tun de 2024, no se recibió información que vincule de forma directa a funcionarios de la GNB con la perpetración de violencia sexual durante la detención. No obstante, sí se documentó su rol en detenciones selectivas coordinadas con otros cuerpos de seguridad, sin descartar que en otros contextos operativos se hayan producido abusos similares.

Muertes bajo custodia del Estado

La Misión también reporta muertes ocurridas bajo custodia estatal. Uno de los casos más graves es el de Jesús Manuel Martínez Medina, testigo electoral de la organización Vente Venezuela. Fue detenido el 29 de julio de 2024 por funcionarios de la Guardia Nacional por orden de la alcaldesa Cruz Torrealba, del estado Anzoátegui.

Martínez falleció el 14 de noviembre de 2024 en el hospital Luis Razetti, tras pasar más de tres meses detenido sin recibir atención médica adecuada. La ONU concluye que su detención fue una represalia por haber conservado el acta electoral de su mesa y por expresar críticas al Gobierno a través de WhatsApp.

Otro caso relevante ocurrió en el estado Bolívar, donde una pareja fue detenida en la madrugada del 2 de agosto de 2024 por una comisión integrada por funcionarios encapuchados de la GNB y la DGCIM. El esposo fue golpeado, trasladado a distintos destacamentos y finalmente enviado a la prisión de Tocuyito. El 13 de diciembre apareció ahorcado en su celda.

Un patrón de represión institucionalizada

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos concluye que la Operación Tun Tun representa un patrón de represión sistemática que combina inteligencia previa, detenciones arbitrarias, criminalización de la disidencia y graves violaciones a los derechos humanos. Lo que alguna vez fue un símbolo cultural de paz y encuentro, hoy es utilizado por el régimen venezolano como una herramienta de miedo y control político.

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