Contraloría exige millonaria restitución a exalcaldesa Reginato y Ripamonti advierte grave impacto financiero en Viña del Mar

Contraloría inicia juicio de cuentas por millonario perjuicio en Viña del Mar

La Contraloría General de la República inició un juicio de cuentas en contra de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), y otros exfuncionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), exigiendo la restitución de $1.122.359.123 por pérdidas financieras registradas durante su administración.

El organismo fiscalizador determinó que el uso de recursos públicos no se habría ajustado a la normativa vigente, lo que derivó en un perjuicio económico significativo para la corporación.

Ripamonti califica el hecho como un “daño severo” a las finanzas municipales

La actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (Frente Amplio), afirmó que el monto objetado por la Contraloría representa un “daño severo a las finanzas municipales”, con consecuencias directas en la capacidad operativa del municipio.

Según explicó, este perjuicio ha afectado la ejecución de obras, el sostenimiento de servicios esenciales y la respuesta a las necesidades de la comunidad. Ripamonti subrayó que se trata de un impacto estructural que limita la gestión pública local.

Defensa de Reginato rechaza irregularidades y afirma inocencia

Por su parte, la defensa de la exalcaldesa Virginia Reginato rechazó cualquier tipo de responsabilidad. Su abogado, Claudio Uribe, sostuvo que su representada no ha cometido irregularidad alguna y que el juicio de cuentas corresponde únicamente a una solicitud administrativa de la Contraloría.

Uribe indicó además que distintos tribunales civiles y penales ya se han pronunciado en favor de la exalcaldesa, descartando responsabilidades personales en los hechos cuestionados.

Ripamonti recalca carácter institucional del proceso

La alcaldesa Ripamonti enfatizó que el juicio de cuentas es un procedimiento institucional y jurídico, cuyo objetivo es establecer responsabilidades personales cuando el uso de recursos públicos no se ajusta a la ley.

“Estos procesos no son políticos ni comunicacionales”, señaló, agregando que la actual administración colaborará activamente con los organismos fiscalizadores, facilitando el acceso a la información y reforzando los controles internos.

Llamado a la responsabilidad patrimonial y ética en la función pública

Finalmente, Ripamonti afirmó que este proceso reafirma la necesidad de ejercer la función pública con responsabilidad patrimonial, ética y jurídica. Sostuvo que cuando estos principios fallan, el Estado debe actuar con firmeza y las instituciones deben responder con seriedad y compromiso irrestricto con el interés público.

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