Corte de Santiago revierte cierre de causa contra Boric y pone en duda uso de fondos públicos para su defensa

Tribunal de alzada estimó que no está acreditada la necesidad pública en la contratación de un abogado externo y ordenó reabrir la investigación por presunta malversación.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento definitivo del presidente Gabriel Boric en la investigación por presunta malversación de caudales públicos, vinculada a la contratación de un abogado para su defensa personal con recursos fiscales.

La decisión deja sin efecto el fallo dictado en noviembre por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que había cerrado la causa tras acoger la solicitud del Ministerio Público. Con esta resolución, el mandatario mantiene la calidad de imputado y la Fiscalía deberá continuar con las diligencias investigativas.

El caso se originó tras la contratación, mediante trato directo y por un monto de 13.800.000 pesos, del abogado Jonatan Valenzuela Saldías, quien asumió la defensa de Boric en la causa relacionada con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella, alegando que dicha contratación configuraría un uso indebido de recursos públicos.

En primera instancia, el tribunal estimó que los hechos descritos no constituían delito, apoyándose en informes de la Contraloría General de la República que validaban el procedimiento administrativo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones sostuvo que esos antecedentes no bastan para cerrar definitivamente una causa penal.

El fallo, adoptado de manera unánime, señala que el control administrativo no puede reemplazar el análisis penal sobre la eventual existencia de un delito. Además, advierte que, al encontrarse aún pendiente la causa principal por la compraventa del inmueble, no corresponde anticipar conclusiones en la investigación anexa por malversación.

Uno de los puntos más relevantes del dictamen es el cuestionamiento a la supuesta necesidad pública de contratar un abogado externo. Según la Corte, la Presidencia de la República dispone de alternativas institucionales de defensa jurídica, como el Consejo de Defensa del Estado, lo que debilita el argumento utilizado para justificar el gasto.

El tribunal también subraya que, tratándose de una imputación de carácter personal, el presidente pudo haber recurrido a mecanismos disponibles para cualquier ciudadano, como la Defensoría Penal Pública o la contratación de un abogado con recursos propios.

Con la revocación del sobreseimiento, el proceso vuelve a su etapa investigativa y será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen antecedentes suficientes para formalizar o descartar definitivamente la imputación.

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