Un estudio oficial reabre el debate sobre el valor económico, social y la orientación de la educación superior en el país.
La educación superior en Chile no garantiza, en todos los casos, un retorno económico positivo. Un reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica concluyó que cerca del 35 por ciento de los programas de pregrado presentan un retorno económico negativo, es decir, los ingresos laborales futuros de los egresados no alcanzan a compensar los costos asociados a estudiar esas carreras.
El análisis abarcó alrededor de cinco mil programas y muestra que el problema se concentra con mayor fuerza en el sector técnico profesional. Según el informe, más de la mitad de los estudiantes que ingresan a este tipo de formación lo hacen en carreras con rentabilidad negativa, una proporción muy superior a la observada en las universidades, donde la cifra alcanza cerca del 22 por ciento.
En el detalle por áreas, las carreras técnico-profesionales vinculadas a tecnología, ciencias y administración logran retornos positivos, con promedios que pueden llegar a los 100 millones de pesos en el caso de administración. Sin embargo, la mayoría de las demás áreas registra resultados negativos en términos de valor presente neto.
En el ámbito universitario, el estudio identifica retornos negativos persistentes en carreras de humanidades, mientras que arte y arquitectura presentan resultados nulos o levemente negativos. En contraste, las áreas de tecnología, administración, ciencias y derecho muestran los desempeños más favorables, con valores presentes netos que incluso pueden superar los 300 millones de pesos en algunas carreras tecnológicas.
Las conclusiones del informe reactivaron el debate académico y político sobre la educación superior. Especialistas subrayan que el fenómeno no puede explicarse solo por fallas institucionales. Factores como los cambios tecnológicos, incluida la expansión de la inteligencia artificial, las decisiones vocacionales y la ausencia de una estrategia de desarrollo productivo también influyen en los resultados laborales de los egresados.
Desde el mundo académico se advierte, además, que existen carreras con bajo retorno monetario, pero con alto valor social y cultural, por lo que medir la educación únicamente en términos salariales puede resultar insuficiente. A ello se suma la falta de información clara y comparable para los postulantes, así como una regulación de aranceles que no siempre refleja el valor esperado de cada programa en el mercado laboral.
Para enfrentar este escenario, la Fiscalía Nacional Económica propuso una serie de medidas orientadas a mejorar la información y la toma de decisiones. Entre ellas, la creación de una plataforma centralizada con datos comparables y un hito informativo obligatorio durante el proceso de admisión, el fortalecimiento de la acreditación y de métricas de valor económico agregado, una mejor orientación vocacional, el seguimiento sistemático de egresados con incentivos adecuados y ajustes normativos que faciliten la comparación de la oferta y la movilidad estudiantil.





