Un decreto firmado por el presidente establece nuevos plazos para resolver recursos de reclamación en el sistema ambiental. Los proyectos involucrados superan los 16.000 millones de dólares en inversión.
El presidente José Antonio Kast firmó un decreto que fija nuevos plazos para resolver reclamaciones pendientes dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental.
La medida busca agilizar la tramitación de proyectos de inversión que ya cuentan con aprobación ambiental. En total, las iniciativas involucradas superan los US$16.000 millones.
Según el gobierno, el objetivo es reducir los tiempos administrativos y dar mayor certeza a las inversiones que ya obtuvieron una resolución de calificación ambiental favorable.
Revisión de reclamaciones ambientales pendientes
Actualmente existen 51 reclamaciones pendientes dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
De ese total, 20 recursos ya se encuentran vencidos. Estos casos están asociados a proyectos de inversión por cerca de US$6.500 millones.
En paralelo, otras 22 iniciativas siguen en tramitación dentro del sistema. Estas representan inversiones cercanas a los US$9.800 millones.
Todos estos proyectos ya finalizaron su proceso de evaluación ambiental. Sin embargo, continúan en revisión administrativa debido a reclamaciones presentadas durante el procedimiento.
Nuevos plazos para resolver los recursos
El decreto establece distintos plazos para resolver las reclamaciones ambientales, según la instancia que debe analizarlas.
Las medidas consideran:
• 90 días corridos para resolver reclamaciones que ya están vencidas.
• 30 días hábiles para recursos presentados ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
• 60 días hábiles para reclamaciones que deben ser revisadas por el Comité de Ministros de Chile.
Con esta medida, el gobierno busca ordenar la tramitación administrativa dentro del sistema ambiental.
Diagnóstico del sistema de reclamaciones
El decreto también incluye una tarea para el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. La cartera deberá elaborar un diagnóstico sobre el estado de las reclamaciones ambientales pendientes.
Este informe deberá revisar cómo funcionan actualmente estos procesos. Además, deberá proponer alternativas para mejorar su gestión dentro del marco institucional del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.








