Estados Unidos endurece su postura y advierte que no permitirá un golpe de Estado en Bolivia

La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo actor internacional luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara que Washington no tolerará un intento de derrocar al gobierno del presidente Rodrigo Paz. La declaración llega en medio de un escenario marcado por protestas, bloqueos de carreteras, desabastecimiento y una creciente presión de sectores vinculados al exmandatario Evo Morales.

El jefe de la diplomacia estadounidense expresó un respaldo explícito al gobierno boliviano y advirtió que su país defenderá la continuidad democrática en la región.

“Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, declaró Rubio.

La advertencia se produjo mientras Bolivia atraviesa una de las etapas de mayor tensión política de los últimos años. Desde hace dos semanas, sindicatos y organizaciones cercanas a Evo Morales mantienen protestas y bloqueos en distintos departamentos del país, exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz y cuestionando el manejo de la crisis económica.

La situación afectó especialmente a La Paz, que quedó prácticamente aislada debido al cierre de rutas y caminos. El impacto de las movilizaciones provocó escasez de alimentos, combustibles y suministros médicos, aumentando el malestar ciudadano y complicando la actividad diaria en distintas regiones.

En paralelo, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció ante la Organización de los Estados Americanos que en el país existirían acciones destinadas a desestabilizar institucionalmente al gobierno.

“En las últimas semanas se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional”, señaló el ministro durante una sesión del Consejo Permanente del organismo.

Mientras aumentan las protestas, también surgieron manifestaciones ciudadanas en defensa de la democracia y contra los bloqueos. En ciudades como Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, grupos de personas marcharon para exigir el restablecimiento de la libre circulación y rechazar los episodios de violencia registrados durante algunas movilizaciones.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales dejaron daños en edificios públicos y elevaron aún más la tensión social en el país.

En este contexto, Rodrigo Paz descartó renunciar o adelantar las elecciones, una propuesta impulsada por Evo Morales y sectores afines. El mandatario responsabilizó directamente al exgobernante por el clima de inestabilidad política.

“Es Evo Morales el que dijo 90 días. Es el mismo Evo que generó un fraude en 2019 y la gente salió a las calles a reclamar por la democracia”, afirmó el presidente durante una conferencia en La Paz.

La crisis también generó consecuencias diplomáticas. El gobierno boliviano expulsó a la embajadora de Colombia después de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas como una “insurrección popular”. Al mismo tiempo, ocho países latinoamericanos y la Unión Europea manifestaron su respaldo a la institucionalidad democrática boliviana.

Como respuesta a la crisis, Rodrigo Paz anunció una reorganización de su gabinete y la creación de un consejo económico y social destinado a enfrentar el complejo escenario interno.

“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha, porque el presidente no puede estar en todas partes y no podrá resolver todos los problemas”, sostuvo el mandatario.

Además, el gobierno habilitó corredores humanitarios para intentar reducir el impacto del desabastecimiento y mantiene negociaciones reservadas con distintos sectores sociales, mientras la Organización de los Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria para analizar la situación política boliviana.

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