Gobierno considera dividir proyecto de RUF debido a tramitación paralela de dos propuestas de Policías y FFAA

El Gobierno se encuentra en una encrucijada legislativa debido a la simultánea tramitación de dos proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en ambas cámaras del Congreso.

El proyecto presentado por el Gobierno está estancado después de que la comisión unida de Constitución y Seguridad suspendiera su sesión la semana pasada. Este impasse se debe a una disputa sobre el papel de las Fuerzas Armadas.

Diputados de distintas tendencias políticas, como Gonzalo Winter del Frente Amplio y Diego Schalper de RN, argumentaron que permitir la opinión de los auditores de las Fuerzas Armadas podría ser interpretado como una violación del principio de no deliberación y de obediencia al poder civil.

En contrapartida, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez sostuvo que expresar una opinión no implica desobedecer, y que esta opinión es esencial para avanzar en el proyecto.

Por otro lado, el proyecto de RUF presentado por parlamentarios en el Senado ya se encuentra en la Sala y se someterá a segunda discusión y votación en general después del receso distrital.

Ante esta situación, surgió la propuesta de dividir las RUF: concentrar las del Senado en las Fuerzas Armadas y las de la Cámara Baja en las fuerzas policiales. La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, está receptiva a esta idea, pero advierte sobre la posibilidad de crear una exención de responsabilidad penal que promueva la impunidad.

El jefe de bancada de los diputados Independientes-PPD, Jaime Araya, sugiere establecer una mesa bicameral para discutir y consensuar ambas iniciativas.

En cuanto a la fusión de las propuestas, la diputada Camila Flores (RN) señala que esto depende del Ejecutivo, aunque recalca la importancia de considerar la opinión de los auditores de las Fuerzas Armadas para avanzar en el proceso.

Desde La Moneda, el ministro Álvaro Elizalde criticó el enfoque del proyecto RUF presentado por senadores de diversos sectores, argumentando que parece centrarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas, a pesar de que su alcance abarca también a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Además, cuestionó que las instituciones pertinentes no fueran consultadas durante el trámite legislativo.