A 100 km/h: Irregularidades y peligros en el transporte público de Valparaíso

El transporte público en Valparaíso ha sido objeto de críticas recurrentes debido a la alta velocidad con la que circulan los buses en la región. Estas preocupaciones se han visto respaldadas por un informe de la Contraloría General de la República, que ha sacado a la luz una serie de irregularidades, infracciones y deficiencias en el sistema de transporte público de la zona.

El informe, realizado por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso (Seremitt), abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Reveló que se detectaron 21.573 casos de buses que en diversas ocasiones superaron los 100 kilómetros por hora, una situación alarmante que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y otros usuarios de las vías.

Además de la velocidad excesiva, las fiscalizaciones revelaron que los buses no cumplían con diversas especificaciones técnicas. Se encontraron luces interiores en mal estado, asientos sueltos, timbres sin funcionamiento, adornos no permitidos y falta de elementos de accesibilidad para personas con discapacidad, entre otros problemas.

Otras irregularidades detectadas incluyeron la falta de credenciales requeridas por los conductores en 18 casos, la ausencia de seguros de accidentes personales en 35 buses y la realización de 276 recorridos fuera de los horarios establecidos en los Planes Operacionales de la Seremitt, especialmente durante las horas de la madrugada.

El informe también reveló que algunos vehículos permanecieron inactivos durante un promedio mensual de más de 12 días en los años 2021 y 2022, lo que plantea interrogantes sobre su mantenimiento y gestión.

Ante estas preocupantes conclusiones, la Contraloría ha instado a la Seremitt a llevar a cabo un proceso disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas. Asimismo, se ha solicitado a la autoridad que informe sobre las sanciones que se aplicarán en un plazo de 60 días, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas en el transporte público de Valparaíso.