Estudio Revela Desorden Normativo en Regulación del Comercio Ambulante en la Región Metropolitana

Un estudio conjunto entre el Centro de Políticas Públicas de la PUC y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) ha revelado un «desorden normativo» en las municipalidades de la Región Metropolitana en relación al comercio ambulante. La investigación abarcó 13 comunas y encontró graves brechas y falta de regulación en puntos críticos para esta actividad, lo que lleva a los municipios a actuar de manera desigual e, incluso, a incumplir la ley.

La normativa actual, del año 2022, no ofrece una definición específica ni una regulación detallada sobre el comercio ambulante. Sin embargo, la ley 21.426 estipula que las municipalidades deben establecer en sus ordenanzas los lugares autorizados para este tipo de actividad y un sistema de identificación personal único para los comerciantes, mediante un registro fotográfico. Esto queda a discreción de cada municipalidad y su Consejo Municipal.

El estudio señala que «la legislación relativa al comercio en bienes nacionales de uso público no se ajusta a los tiempos actuales ni al combate contra la informalidad», dejando en manos de las municipalidades la regulación, lo que ha generado una falta de uniformidad en las definiciones y la legislación.

Manuel Melero, presidente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, destaca que «no hay una ordenanza que agrupe la normativa sobre comercio ilícito», lo que ha llevado a una confusión generalizada sobre el tema en las municipalidades.

El informe también resalta que muchas municipalidades no definen claramente el comercio ambulante ni establecen lugares específicos para su ejercicio, lo que ha generado un vacío legal y una disparidad en la regulación. Solo cuatro municipalidades cumplen con definir los lugares para el comercio en la vía pública y establecer sanciones para quienes compren en el comercio informal.

Estas cifras reflejan la disparidad en la regulación del comercio ambulante en la Región Metropolitana y la necesidad urgente de reformar la legislación para adaptarla a la realidad actual y combatir la informalidad de manera efectiva.