El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió este viernes al hallazgo de más de $1 millón en efectivo en la caja fuerte de la oficina del exsubsecretario Manuel Monsalve, actualmente en prisión preventiva por casos de abuso y violación. Este descubrimiento, relacionado con el uso de gastos reservados, ha generado cuestionamientos sobre la administración de estos fondos y su futura rendición.
Hallazgo y rendición de cuentas
Cordero declaró que la suma encontrada corresponde a una fracción de los $50 millones asignados para gastos reservados en 2024, cuya utilización sigue bajo análisis. «Ayer mismo se abrió la caja fuerte, donde se halló un poco más de $1 millón. La rendición de estos fondos deberá realizarla el exsubsecretario Monsalve al cierre del segundo semestre», indicó.
El subsecretario enfatizó que estos gastos están regulados por la Ley de Presupuesto y son fiscalizados por Contraloría, además de ser presentados ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados en el caso de fondos relacionados con seguridad nacional.
Uso de los fondos
Ante las especulaciones sobre posibles usos irregulares, como pagos en efectivo para fines no autorizados, Cordero aseguró que «no tenemos antecedentes que indiquen un uso indebido». Subrayó que los gastos reservados no pueden emplearse en actividades como el pago de comidas, ya que tienen un destino específico.
Contratos en el Ministerio del Interior
Consultado sobre la situación de funcionarios vinculados al entorno de Monsalve que permanecen en la cartera, Cordero afirmó que está evaluando las renovaciones de contratos con un plazo límite establecido para finales de noviembre. Destacó la importancia de ponderar factores como la confianza y la trayectoria de los funcionarios para tomar decisiones justas y respetuosas.
Respuesta a acusaciones de «pacto de silencio»
Cordero también abordó las críticas de la oposición sobre un presunto «pacto de silencio» para encubrir irregularidades. «Esa expresión tiene una connotación específica en nuestro país, relacionada con la ocultación de delitos. Aquí se han llevado adelante los procesos administrativos correspondientes, además de las formalizaciones necesarias», afirmó.
El subsecretario hizo un llamado a la responsabilidad en el debate político: «Hacer política con el Código Penal solo aumenta la incertidumbre en un país que necesita certezas, especialmente en temas estructurales como la seguridad y la confianza».
Este caso ha reavivado las discusiones sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y las medidas necesarias para garantizar un uso adecuado de los recursos asignados a las autoridades.





