Ortega intensifica la represión en Nicaragua: arrestan a 11 personas tras la polémica reforma constitucional

El régimen de Daniel Ortega sigue profundizando la represión en Nicaragua. Este fin de semana, tras la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional ampliamente criticada, la Policía detuvo a 11 ciudadanos, incluyendo al periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera.

Según informó el portal 100 % Noticias y la ONG Alertas Libertad de Prensa Nicaragua, Cárcamo, de avanzada edad y con múltiples problemas de salud, fue arrestado en su domicilio en La Paz Centro. “Patrullas de la policía llegaron a su casa y lo detuvieron alrededor de las 9 de la mañana”, señalaron los reportes.

Entre los detenidos también se encuentra Arnoldo Toruño, un médico jubilado y ex catedrático. Ambos enfrentan preocupaciones médicas debido a su delicado estado de salud. La redada se dio en el departamento de León y afecta a ciudadanos críticos del régimen, en un contexto de creciente censura informativa.

Reforma constitucional controvertida

Las detenciones ocurren tras la aprobación inicial de una reforma a la Constitución, diseñada para consolidar el control de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, sobre todos los poderes del Estado. Según los opositores, estas modificaciones permitirán la instauración de un modelo de partido único y garantizarán una sucesión dinástica familiar.

Entre los cambios propuestos, se destacan:

• Redefinición del Estado como “revolucionario” y de partido único, similar al modelo cubano.
• Legalización de la concentración de poderes.
• Formalización de la apatridia como mecanismo de represión.
• Consolidación de un sistema totalitario bajo control absoluto del régimen.

La reforma ha sido duramente criticada por opositores nacionales e internacionales, incluida la OEA y Estados Unidos, que condenan los intentos de Ortega por perpetuar su gobierno.

Silencio oficial y preocupaciones internacionales

Ni el régimen sandinista ni la Policía Nacional han ofrecido declaraciones sobre las recientes detenciones. Sin embargo, la represión es vista como una estrategia para sofocar cualquier oposición a la reforma, que debe ser ratificada en una segunda legislatura en 2025.

Organismos de derechos humanos advierten que la reforma constitucional y las detenciones arbitrarias agravan la crisis política y humanitaria en el país, mientras la comunidad internacional sigue exigiendo el respeto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

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