Un caso de acoso laboral y sexual ocurrido en 2023 en La Moneda culminó con un acuerdo millonario entre una exfuncionaria y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), según reveló La Tercera. La denunciante, que trabajó en Presidencia desde 2010, acusó al gobierno de Gabriel Boric de vulnerar derechos fundamentales, incluyendo acoso sexual, discriminación política y desprotección.
En abril de 2023, el CDE pactó pagar más de $40 millones a la exfuncionaria para evitar un juicio. El acuerdo obligó a la denunciante a desistir de todas las acciones legales contra el Estado y sus organismos, salvo aquellas relacionadas con el cumplimiento del pacto.
Denuncias detalladas de acoso
La trabajadora relató que sus problemas iniciaron bajo la administración de Boric. Según su testimonio, una colega la marginó laboralmente mediante amenazas hacia otros trabajadores para evitar que interactuaran con ella. Además, denunció acoso sexual por parte de un compañero, quien le enviaba mensajes agresivos y amenazantes, incluyendo advertencias de suicidio si no accedía a sus demandas.
La situación se agravó porque la jefatura, en lugar de protegerla, invisibilizó el problema y la responsabilizó de lidiar con su agresor. La denunciante explicó que esto la puso en una posición de vulnerabilidad, especialmente porque el acosador era cercano a su superior.
Consecuencias administrativas
Desde Presidencia informaron que los funcionarios señalados ya no forman parte del gobierno, habiendo cesado sus funciones en 2023 y 2024 respectivamente. El caso evidencia graves fallas en la protección de derechos laborales dentro del Estado, a pesar del acuerdo que cerró la disputa judicial.





