El estudio jurídico Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann (BACS), del que es socio el abogado de Gabriel Boric, Miguel Schürmann, ha recibido aproximadamente $380 millones en contratos directos con organismos públicos desde 2012. De estos, la mitad se concretaron durante la administración actual, según una investigación de BioBioChile.
Contratos sin licitación con organismos del Estado
Entre las instituciones que contrataron los servicios de BACS destacan la Superintendencia de Pensiones, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los contratos incluyen asesorías clave, como en el caso de sanciones contra Aridum Asesorías e Inversiones SpA, por el que la Superintendencia pagó $60 millones en 2023.
Aunque algunos de estos acuerdos se establecieron en gobiernos previos, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, las contrataciones aumentaron tras la llegada de Boric al poder. Entre marzo y diciembre de 2022, BACS obtuvo resoluciones de trato directo por cerca de $100 millones en total.
Antecedentes de Miguel Schürmann
El abogado, egresado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Penal, ha participado en casos mediáticos como el de La Polar y la tragedia de la Autopista del Sol. Sin embargo, su rol en contratos estatales y recientes denuncias sobre acceso a información confidencial lo han puesto en el foco público.
Controversias y reacciones
La obtención de estos contratos ha generado cuestionamientos, particularmente por la falta de licitaciones públicas y la cercanía de Schürmann al mandatario. Además, la Fiscalía investiga un posible acceso indebido del abogado a antecedentes de una causa que involucra al presidente.
Consultada por la relación entre BACS y los organismos públicos, la Superintendencia de Pensiones y el propio Schürmann no han entregado declaraciones. Mientras tanto, el gobierno insiste en que todas las contrataciones se realizaron de acuerdo con la normativa vigente.





