El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó el traslado del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde la cárcel de Rancagua al anexo Capitán Yáber en Santiago. La decisión se basó en la necesidad de proteger la vida e integridad del acusado, quien enfrenta cargos de violación y abuso sexual. El traslado fue solicitado por Gendarmería debido a amenazas presuntamente realizadas por Antonella Marchant, líder del clan narcotraficante «Los Marchant».
Reacciones al traslado
La oposición criticó el cambio de recinto penitenciario, argumentando un trato privilegiado. El diputado Miguel Mellado afirmó que esta acción demuestra una diferencia de trato entre ciudadanos. Por su parte, la diputada Camila Flores calificó la medida como un privilegio indebido y cuestionó la falta de mejoras en la seguridad del penal original.
El juez Urrutia en el foco de la polémica
El magistrado, conocido por decisiones controvertidas, ha enfrentado 18 sumarios administrativos en más de 20 años de carrera. Entre sus fallos polémicos destacan:
- Permiso para videollamadas a reclusos de alta peligrosidad en febrero de 2024, decisión revertida por la Corte de Santiago.
- Autorización de allanamientos cuestionados por falta de imparcialidad, como en el caso de la exministra Ángela Vivanco.
- Suspensión temporal en 2020, tras modificar medidas cautelares contra imputados del estallido social.
Además, su participación activa en redes sociales y su posicionamiento político han generado cuestionamientos sobre su imparcialidad. La Corte de Apelaciones de Santiago incluso abrió sumarios en su contra por expresiones públicas durante el plebiscito de 2022.
Contexto legal y político
El caso Monsalve, sumado a la figura de Urrutia, pone en debate temas como la igualdad en el acceso a justicia y la imparcialidad de los jueces. La defensa del exsubsecretario continúa apelando sus medidas cautelares, mientras el juez Urrutia sigue bajo escrutinio por sus decisiones y su activismo judicial.





