El exdirector del FMI Rodrigo Rato, condenado a 4 años de cárcel en España 

Detalles del fallo judicial contra el exvicepresidente del Gobierno

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exvicepresidente del Gobierno español, Rodrigo Rato, a una pena de cuatro años, nueve meses y un día de prisión, además de una multa de más de dos millones de euros. La sentencia se fundamenta en tres delitos fiscales, un delito de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Rato deberá también pagar 568.413 euros a Hacienda en concepto de responsabilidad civil.

Claves de la sentencia

El fallo, contenido en una sentencia de 1.232 folios, subraya las dilaciones indebidas debido a que el caso comenzó en 2015. Según el tribunal, Rato, a pesar de residir en Washington como director gerente del FMI en 2006, mantenía sus intereses económicos en España y estaba obligado a tributar en el país. Además, se concluye que su Declaración Tributaria Especial de 2012 no incluyó las cantidades defraudadas.

Implicaciones para otros acusados

El tribunal también ha condenado a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar la sociedad Kradonara de Rato, a 18 meses de prisión y multas que superan los 155.000 euros, compartiendo con Rato la responsabilidad de resarcir a Hacienda.

Asimismo, Alberto Portuondo, testaferro de Rato según la Fiscalía, fue condenado a tres meses y un día de prisión, junto con una multa equivalente a la mitad de las comisiones ilícitas recibidas, que sumaron más de dos millones de euros.

Absuelven a otros implicados

En contraste, se han absuelto a varios acusados, incluidos empleados de las agencias Publicis y Zenith, y a personas cercanas a Rato, como Teresa Arellano y Santiago Alarcó. Tampoco se acreditó la participación de la firma Plazas Abogados ni de Telefónica en los hechos investigados.

Próximos pasos judiciales

Fuentes jurídicas indican que la sentencia podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que pospondría la ejecución de la pena hasta que el fallo sea firme. Mientras tanto, el caso sigue marcando un hito en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal en España.

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