La OEA revela un informe detallado sobre el terrorismo de Estado de Maduro para perpetuar su dictadura en Venezuela

Un extenso documento elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desvela las maniobras represivas y las operaciones ilegales realizadas por el régimen de Nicolás Maduro. El objetivo: impedir que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado asuma la presidencia el próximo 10 de enero.

La estrategia del régimen antes, durante y después de las elecciones

El informe, compuesto por 45 páginas y dividido en cuatro capítulos, expone cómo, desde el periodo preelectoral, el gobierno venezolano obstaculizó de manera sistemática la participación política de la oposición. Entre las prácticas denunciadas se incluyen:

1. Inhabilitaciones administrativas y trabas para la inscripción de candidatos opositores.
2. Restricciones al voto en el extranjero y la retirada de misiones internacionales de observación electoral.
3. Detenciones arbitrarias y amenazas a líderes de la oposición y defensores de derechos humanos.
4. La cooptación de las instituciones estatales y el uso de recursos públicos para favorecer la reelección de Maduro.

El documento también destaca la persecución a María Corina Machado, quien fue inhabilitada bajo acusaciones de participar en actos de corrupción y apoyar sanciones internacionales contra Venezuela.

Grave crisis humanitaria y migratoria

Desde 2015, más de 7,7 millones de personas han huido de Venezuela debido a la crisis de derechos humanos y la represión política. La CIDH subraya que, en los meses previos a las elecciones de 2024, el régimen intensificó sus medidas represivas, con al menos 50 detenciones arbitrarias registradas.

Manipulación electoral y falta de transparencia

El Panel de las Naciones Unidas y el Centro Carter coincidieron en que las elecciones del 28 de julio de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral. Entre las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de resultados detallados por mesa electoral, lo que minó la confianza de la población en el proceso.

Reacción popular y represalias del gobierno

La denuncia de fraude electoral desató una oleada de protestas masivas en todo el país. En respuesta, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad y grupos paramilitares conocidos como «colectivos» para reprimir las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 25 personas, todas por heridas de bala, y más de 1.500 detenciones arbitrarias, incluidas mujeres, menores de edad y periodistas.

Represión a la libertad de expresión y al periodismo

La CIDH documentó numerosos casos de hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes. Desde el cierre de 408 medios en las últimas dos décadas hasta la detención de periodistas tras las elecciones, la libertad de prensa en Venezuela se encuentra gravemente amenazada.

Persecución digital y control del discurso público

El informe también denuncia el uso de tecnología estatal para vigilar y controlar a los ciudadanos, incluyendo el bloqueo de portales informativos y redes sociales. Además, el régimen habría promovido la delación entre vecinos y el monitoreo de las actividades disidentes en internet.

Conclusión y llamado a la comunidad internacional

La CIDH cierra su informe exigiendo al régimen de Maduro la presentación de las actas de votación y solicita a la comunidad internacional que se mantenga alerta ante nuevas escaladas represivas. Asimismo, insta a los gobiernos democráticos a utilizar todos los mecanismos diplomáticos posibles para facilitar el retorno de la democracia en Venezuela.

Con una Caracas blindada por las fuerzas de seguridad del régimen, el próximo 10 de enero podría marcar un punto de inflexión en la historia política del país. La oposición, respaldada por una amplia coalición internacional, busca evitar que Maduro consolide su poder de manera ilegítima.

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