Francisca Moya defendió su rol y aseguró que su revisión legal fue limitada al aspecto técnico del decreto presidencial.
La asesora jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, reconoció este lunes que estaba al tanto de la inhabilidad de Isabel Allende y Maya Fernández al momento de revisar el decreto para la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Durante su comparecencia ante la comisión investigadora de la Cámara, Moya explicó que su función se limitó a una revisión técnico-legal del acto administrativo, según lo establecido por ley. “Efectivamente conocíamos la norma,pero nuestra labor específica era revisar la legalidad del decreto supremo, no todo el proceso en su conjunto”, señaló.
El rol de la División Jurídico-Legislativa
Moya, quien se integró a la Segpres durante la gestión de Giorgio Jackson, aclaró que no tiene facultades resolutivas. Su división solo asesora jurídicamente al Presidente y revisa la coherencia legal de decretos, sin intervenir en decisiones políticas o presupuestarias.
Al ser consultada sobre si advirtió al mandatario de la inhabilidad de Allende y Fernández, evitó una respuesta directa. Reiteró que su análisis se centró únicamente en el decreto 38, como lo exige la ley que rige su función.
Respaldo desde Interior
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó a la funcionaria y afirmó que “no hubo ilegalidades” en el proceso. “La Contraloría tomó razón del decreto, y no detectó vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad”, dijo.
Elizalde también recalcó que el proceso de adquisición de la casa se enmarca en la política de preservación del patrimonio histórico. Sin embargo, reconoció que algunas etapas posteriores no se ejecutaron correctamente, motivo por el cual el Presidente determinó responsabilidades en el Ministerio de Bienes Nacionales.





