«Papaya Gate»: Exintendenta Lucía Pinto formalizada por millonario fraude al fisco en Coquimbo

Tras cinco años de espera, este martes continuó en el Juzgado de Garantía de La Serena, la formalización del caso conocido como “Papaya Gate”. En el centro de la investigación se encuentra la exintendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto (UDI), quien fue acusada por el Ministerio Público de participar en un millonario fraude al fisco.

Durante la audiencia, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, imputó cargos a Pinto, quien ejerció como intendenta durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. También fueron formalizados su exadministrador regional, José Cáceres, y el gerente general de la Inmobiliaria Guayacán, Pablo Bracchitta.

Los tres están acusados del delito de fraude al fisco. En el caso de Cáceres, además, se suma el cargo de negociación incompatible, ya que mantenía vínculos comerciales con empresarios ligados a la operación desde el año 2016, los cuales no fueron informados.

El Ministerio Público también investiga a los empresarios Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y Luis Iver por eventuales delitos tributarios.

El caso gira en torno a la compra de seis terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, destinados a la construcción de un centro deportivo en el sector San Ramón. La adquisición se realizó por más de 9.800 millones de pesos, pese a que el valor real de los terrenos no superaría los 4 mil millones.

La compra fue impulsada por la exintendenta Lucía Pinto, quien firmó un contrato en una notaría local, ignorando las observaciones previas de Contraloría, que había rechazado cuatro contratos anteriores. La operación no contó con la «toma de razón» del órgano contralor, lo que derivó en una investigación por parte del Ministerio Público.

Según detalló el fiscal Claudio Reveco, de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, la transacción representó un grave perjuicio fiscal. Además, explicó que José Cáceres mantuvo relaciones comerciales con los empresarios involucrados mientras participaba en el proceso de compra, lo que fue conocido por la exintendenta.

Durante la audiencia, la jueza Carolina Baroncini resolvió excluir como querellantes al senador Daniel Núñez (PC) y al concejal Camilo Araya, ya que sus intereses coincidían con los del Consejo de Defensa del Estado.

La Fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta. Para el resto de los imputados, se pidió firma mensual y arraigo nacional. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado exigió prisión preventiva para todos los involucrados.

Además, el tribunal autorizó a uno de los acusados, Nicolás Bakulic, a salir del país hasta el 30 de junio, fijando una caución de 10 millones de pesos.

Este martes, el tribunal deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares y definir el plazo de la investigación.

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