Claudio Orrego rechaza acusaciones de Contraloría y defiende su gestión en medio de solicitud de destitución

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó este domingo las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República respecto a presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos por parte del Gobierno Regional. En un informe reciente, el organismo cuestionó una asesoría de $31 millones contratada en 2021, destinada a coaching ontológico y desarrollo organizacional, que habría sido utilizada —según el informe— para beneficiar su campaña de reelección.

Ante esta situación, Orrego rechazó de manera categórica cualquier mal uso de fondos. “Nunca he ocupado un peso del gobierno de Santiago en mis campañas”, afirmó en entrevista con CHV Noticias. Explicó que sus campañas se financiaron mediante créditos personales debidamente informados y aprobados por el Servicio Electoral (Servel).

El informe de 156 páginas fue remitido al Ministerio Público, y la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga un eventual fraude al fisco, con posibilidad de ampliar los cargos a malversación de fondos públicos. Orrego fue citado a declarar el 19 de junio en calidad de imputado.

El gobernador calificó el informe como parte de un procedimiento habitual del órgano contralor y señaló que no se trata de una sanción ni de una acusación formal. En ese sentido, afirmó que las consultorías cuestionadas forman parte de un plan más amplio de desarrollo institucional y no de actividades proselitistas.

En el plano político, consejeros regionales de la UDI y del Partido Republicano anunciaron que solicitarán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) un pronunciamiento sobre su permanencia en el cargo. Orrego calificó esta acción como “un burdo aprovechamiento político” y advirtió sobre la gravedad de buscar destituir a una autoridad elegida democráticamente sin fundamentos sólidos.

Respecto al caso Procultura, proyecto destinado a prevenir el suicidio, también cuestionado por su ejecución, el gobernador aseguró que no fue una asignación directa y que se cumplió con todas las exigencias legales. Subrayó que, al detectarse problemas con la fundación, su administración terminó el contrato y activó garantías por $1.000 millones, que aún no han sido pagadas por la aseguradora. Además, criticó a los sectores que promueven su destitución por no colaborar en la recuperación de esos fondos.

Orrego concluyó que está “convencido” de que será exonerado de cualquier responsabilidad y lamentó que el proceso ante el Tricel lo obligue a destinar un año y medio a su defensa, pese a no existir aún una acusación concreta en su contra.

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