Universidad de Columbia cede ante el gobierno de Trump para recuperar fondos y endurece medidas contra el antisemitismo

La universidad adopta nuevas políticas tras denuncias y busca un acuerdo para destrabar más de 400 millones de dólares en fondos federales

La Universidad de Columbia anunció una serie de reformas para combatir el antisemitismo en su campus, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump que le permita recuperar más de 400 millones de dólares en fondos federales suspendidos. Entre las medidas adoptadas, se incluye la incorporación de una controvertida definición de antisemitismo y una reorganización del Departamento de Estudios de Medio Oriente.

Las autoridades universitarias indicaron que estas decisiones forman parte de los “compromisos adicionales” que buscan fortalecer la respuesta institucional frente a los discursos de odio. La presidenta interina, Claire Shipman, detalló las acciones en una carta pública emitida el 15 de julio.

Un acuerdo en curso con el gobierno de Trump

Según fuentes citadas por el New York Times, Columbia se encuentra en negociaciones avanzadas con el Departamento de Educación para resolver las acusaciones por supuesta inacción ante incidentes antisemitas. El acuerdo, que podría concretarse esta semana, incluiría una multa millonaria y varias reformas exigidas por el gobierno, como condición para reactivar el acceso a los fondos federales.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la adopción oficial de la definición de antisemitismo promovida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esta definición amplía el concepto tradicional de antisemitismo al incluir algunas formas de crítica hacia el Estado de Israel. Aunque ya era utilizada con fines educativos, ahora pasará a formar parte del reglamento institucional, con impacto directo en las investigaciones por discriminación.

Reestructuración interna y nuevas alianzas

Columbia también designará nuevos coordinadores responsables de garantizar el cumplimiento de los Títulos VI y VII, que prohíben la discriminación por motivos de religión, raza u origen nacional. Estos funcionarios elaborarán reportes anuales y atenderán denuncias dentro de la Oficina de Equidad Institucional.

Además, la universidad ampliará su programa educativo sobre antisemitismo, mediante acuerdos con organizaciones como Project Shema, la Anti-Defamation League (ADL) y la Fundación para Combatir el Antisemitismo. También evalúa colaborar con Yad Vashem, el centro oficial israelí para la memoria del Holocausto.

Las autoridades destacaron que el enfoque seguirá centrado en la educación y el diálogo interreligioso. Por ello, se impulsarán alianzas con instituciones como Interfaith America y el Constructive Dialogue Institute, con el fin de promover la convivencia y el respeto mutuo en el campus.

Rechazo al activismo pro-palestino radical

Una de las decisiones más polémicas fue el anuncio de que Columbia no reconocerá al grupo estudiantil “Columbia University Apartheid Divest” (CUAD), ni a sus afiliados. La universidad los acusa de incitar a la violencia y de socavar los principios académicos de la institución. La medida fue interpretada como un intento por alinearse con las exigencias del gobierno de Trump y evitar nuevos bloqueos financieros.

Diferencias con Harvard

Mientras Columbia busca un acuerdo con el Ejecutivo, otras universidades, como Harvard, han adoptado una postura distinta. Aunque también aplicó la definición ampliada de antisemitismo en enero pasado, la universidad de Massachusetts ha resistido presiones adicionales del gobierno federal.

Harvard argumenta que su autonomía institucional es esencial para preservar la libertad académica. Además, al depender en menor medida de fondos federales, ha optado por estrategias legales para proteger sus intereses y los de sus estudiantes extranjeros frente a políticas migratorias restrictivas.

En contraste, Columbia parece haber elegido un camino más conciliador. Su dependencia de los fondos de investigación federales la ha llevado a realizar cambios sustanciales en su política interna, con la esperanza de recuperar cuanto antes el financiamiento suspendido.

La controversia sigue abierta, y el desenlace de este conflicto marcará un precedente importante para el futuro de la autonomía universitaria en Estados Unidos bajo la actual administración.

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