Fiscalía desarticula red de corrupción en Arica gracias a denuncia de funcionarios honestos

Mega operativo en la región de Arica y Parinacota

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo un amplio operativo en Arica y Parinacota, que permitió detener a cinco funcionarios públicos y a varios particulares vinculados a una presunta red de corrupción. La investigación reveló que los involucrados habrían manipulado la entrega de terrenos de Bienes Nacionales para obtener beneficios ilegales.

El fiscal regional, Mario Carrera, explicó en entrevista con el Expreso Bío Bío que “hasta el momento hay cinco personas detenidas. En total, son diez órdenes de detención autorizadas por el tribunal, que incluyen registros en domicilios y oficinas públicas”.

Funcionarios implicados y modus operandi

Entre los detenidos figuran cuatro trabajadores de la Seremi de Bienes Nacionales y un funcionario de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica. Según la Fiscalía, usaban sus cargos para recibir sobornos y alterar el orden de solicitudes legítimas de terrenos.

El fiscal detalló que el mecanismo consistía en antidatar solicitudes, de modo que un proyecto presentado de forma correcta por un ciudadano era rechazado para favorecer a terceros previamente coordinados con los funcionarios. “Lo que se nos informó es que dejaban algunos números de oficio vacíos para luego asignarlos a proyectos ficticios con fecha anterior”, señaló Carrera.

Investigación iniciada en 2021

La indagatoria se inició en 2021, tras recibir antecedentes internos desde los mismos servicios públicos. Carrera destacó el rol de los trabajadores que denunciaron:

“Quiero subrayar que hay funcionarios que no tienen ninguna relación con estos hechos y que fueron clave para avanzar en la investigación. Gracias a ellos logramos desbaratar esta red”.

El persecutor agregó que el perjuicio económico aún no está cuantificado, pero adelantó que se trata de terrenos y bienes muebles de alto valor.

Impacto y próximos pasos

El fiscal enfatizó que “lo que se daña aquí es la fe pública”, y advirtió que los mecanismos de control institucional no estaban funcionando adecuadamente.

Respecto al destino de los terrenos involucrados, indicó que corresponderá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a otras entidades evaluar la situación caso a caso.

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