Debate por exigencia de entregar sueldos y RUN de funcionarios tensiona a universidades en Chile

Por Sala de redacción

septiembre 5, 2025 - 23:05

Controversia por orden de la Superintendencia de Educación Superior

La Superintendencia de Educación Superior (SES) ordenó a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos a la gratuidad entregar los sueldos de sus funcionarios identificados con el Rol Único Nacional (RUN). La medida debe cumplirse antes del 15 de septiembre de 2025 como parte de la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.

La instrucción ha generado polémica, ya que coincide con la entrada en vigor de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales en 2026. La Universidad de las Américas (UDLA) cuestionó la medida y pidió autorización para anonimizar la información, alegando un posible “conflicto entre normas”. Sin embargo, la SES rechazó la solicitud y sostuvo que la entrega identificada es indispensable para garantizar una fiscalización efectiva.

Argumentos de la Superintendencia

Según la SES, la obligación de entregar datos personales está amparada en la Ley 19.628, que permite a organismos públicos tratarlos sin consentimiento cuando actúan dentro de sus competencias.
En su resolución, la entidad explicó que “una rendición únicamente en términos anonimizados impediría contrastar adecuadamente el uso de los fondos, afectando la capacidad de fiscalización”.

Postura de universidades privadas

Rectores de instituciones privadas expresaron su disconformidad. Juan Eduardo Vargas, de la Universidad Finis Terrae, señaló que no tiene sentido exigir reportes con RUN incluidos:

“Basta con informar el monto total de remuneraciones; pedir ese nivel de detalle no es relevante para el control del gasto”.

Cuech y Cruch defienden la transparencia

Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), defendió la medida y aseguró que no implica riesgo de privacidad, ya que los datos no serán públicos sino entregados a una entidad fiscalizadora.
Además, insistió en que “donde haya recursos públicos debe garantizarse el máximo nivel de transparencia”.

En la misma línea, Emilio Rodríguez, rector de la Universidad de Tarapacá y vicepresidente del CRUCH, afirmó que la SES está facultada para solicitar la información. Subrayó que la fiscalización de los fondos de gratuidad requiere acceso a datos específicos para verificar el correcto uso de los recursos.

Un debate que seguirá abierto

La medida deja en evidencia las tensiones entre el principio de transparencia y la protección de datos personales en la educación superior chilena. Mientras algunos rectores exigen mayor resguardo de la información de los trabajadores, otros defienden que la rendición de cuentas debe ser completa cuando se trata de fondos estatales.