Fiscalía acusa a Claudio Orrego de gestiones indebidas para favorecer convenio con ProCultura

Solicitan su desafuero en el marco del millonario caso de fraude al Fisco

El Ministerio Público solicitó el desafuero del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso ProCultura. La medida fue presentada el jueves 4 de septiembre por el fiscal de Alta Complejidad Eduardo Ríos, con apoyo del persecutor regional Juan Castro Bekios, ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Los fiscales buscan formalizarlo y pedir medidas cautelares por los presuntos delitos de fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación de caudales públicos.

Los vínculos entre Orrego y ProCultura

La investigación sostiene que Orrego habría abusado de su cargo para favorecer a la Fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, con quien mantenía vínculos políticos y personales previos.

De acuerdo con la Fiscalía, la fundación no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”, pese a lo cual se le asignaron recursos públicos por más de $1.690 millones.

El escrito detalla además que Orrego promovió directamente la aprobación del convenio y presionó para acelerar su tramitación. Entre los antecedentes más relevantes figura un intercambio de mensajes que revela gestiones con la Contraloría.

“Ha llamado hasta al contralor”

Según la solicitud, Orrego habría buscado comunicación directa con el entonces contralor Jorge Bermúdez. Un chat entre su colaboradora Evelyn Magdaleno y la exdirectora de ProCultura, María Teresa Abusleme, confirma que “el gobernador ha llamado hasta al contralor” para agilizar el proceso de toma de razón del convenio.

Los persecutores enfatizan que estas acciones vulneraron principios básicos de probidad administrativa, imparcialidad y transparencia en el uso de fondos públicos.

Próximos pasos judiciales

La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó audiencia para inicios de octubre, instancia en la que se discutirá el desafuero. Si se aprueba, la Fiscalía podrá formalizar a Orrego y solicitar medidas cautelares en su contra.

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