Contraloría ordena devolver millonario bono irregular recibido por exasesora de Carlos Montes

El organismo fiscalizador detectó que Jeanette Tapia ejercía funciones en el Ministerio de Vivienda pese a tener prohibición legal tras recibir un incentivo al retiro voluntario.

La Contraloría General de la República confirmó este lunes que Jeanette Tapia Fuentes trabajaba como asesora del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, pese a que en 2018 recibió un bono de retiro voluntario que le impedía volver a desempeñarse en el Estado durante cinco años. Además, mantenía un contrato paralelo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ante esta situación, el organismo ordenó al Ministerio de Vivienda (MINVU) poner fin de inmediato a sus funciones, recuperar el dinero del beneficio y revisar otros casos en los que se repita la misma irregularidad.

Doble rol cuestionado por la Contraloría

El informe detalla que Tapia compareció en varias ocasiones ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados como abogada asesora legislativa del MINVU, interviniendo en la tramitación de proyectos de ley. Sin embargo, al mismo tiempo figuraba como especialista en normativa urbana dentro de un proyecto del PNUD, financiado con recursos del propio ministerio.

Según la Contraloría, esta representación constituye una función pública que no puede ser delegada mediante convenios con organismos internacionales, por lo que ordenó terminar de inmediato con esa práctica.

Restitución del bono millonario

Otro punto clave del dictamen es la devolución del incentivo al retiro voluntario que Tapia recibió en 2018, cercano a los $50 millones. La entidad precisó que al reincorporarse a funciones dentro del Estado, directa o indirectamente, se incumplieron las condiciones del beneficio.

“Corresponde que el MINVU adopte las medidas conducentes a obtener la restitución de las señaladas bonificaciones”, concluyó el órgano fiscalizador.

Más funcionarios bajo la lupa

La investigación también reveló que no se trata de un caso aislado. La Contraloría solicitó al MINVU la lista de personas vinculadas a proyectos del PNUD entre 2016 y 2024, identificando a 59 profesionales. En ocho de ellos, se detectó superposición de funciones entre labores en el programa y contratos en el Estado, lo que abre la puerta a nuevas revisiones y eventuales sanciones.

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