Solicitan fiscal exclusivo y aplicación de ley de usurpaciones para el desalojo de la toma Calicheros en Quilpué
El próximo lunes 30 de septiembre está fijado el inicio de la demolición de viviendas en la toma Calicheros, ubicada en el sector Pompeya Sur, Quilpué. Este terreno pertenece a la familia Correa, afectados por la ocupación irregular desde hace cinco años, tras el asesinato del empresario Alejandro Correa.
La circular oficial informó que la empresa encargada de la demolición ya fue adjudicada. Ahora, las autoridades preparan la ejecución en el plazo estipulado por la Corte de Apelaciones, que ordenó devolver el espacio a los dueños legítimos.
Actualmente, cerca de 150 familias viven en este sector. Algunas han iniciado el desarme voluntario de sus viviendas, mientras la mayoría espera la fecha límite. Los líderes de la toma y sus abogados presentaron recursos judiciales para extender plazos o impedir la demolición.
La representante legal de la familia Correa, Jeanette Bruna, solicitó una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia. El objetivo es solicitar la aplicación de la ley de usurpaciones en caso de que existan personas que decidan resistirse. Así, se podría detener inmediatamente a quienes permanezcan tras la fecha indicada y así prevenir nuevas ocupaciones.
Por su parte, la Municipalidad de Quilpué extendió hasta el 25 de septiembre el proceso para catastrar a los habitantes y verificar sus necesidades sociales. Aunque algunas autoridades reconocen la lentitud en las soluciones de ayuda social, se mantiene la coordinación para garantizar la seguridad y los derechos de todas las personas involucradas.
En paralelo, autoridades locales y regionales trabajan con Serviu y Carabineros para asegurar que la demolición y el eventual desalojo ocurran con respeto y sin incidentes violentos. Si todo avanza según lo planificado, la propiedad será finalmente devuelta a la familia Correa, poniendo fin a un largo litigio judicial y social en la zona.





