Cierre de Santiago 2023 revela deuda millonaria y motiva petición de auditoría estatal

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados pidió una auditoría a la Contraloría General de la República para revisar el uso de recursos públicos entregados a la Corporación Santiago 2023. También solicitó que el Consejo de Defensa del Estado evalúe una posible intervención si se confirma un perjuicio al patrimonio fiscal.

La solicitud surgió porque la Corporación se disolvió sin entregar informes de gestión, balances financieros ni documentos básicos que permitieran conocer su situación real antes del cierre. Esta falta de información fue expuesta por la diputada Erika Olivera y el diputado Andrés Celis, quienes advirtieron que el proceso dejó más dudas que certezas.

En la sesión del 25 de noviembre, donde participaron el ministro del Deporte, el exdirector del IND y un representante de la entidad, no se presentaron memorias, reportes administrativos ni balances. Según Olivera, la Corporación debía concluir su funcionamiento en 2024, pero se extendió hasta 2025 sin demostrar avances en transparencia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la comisión, la entidad mantiene deudas superiores a los 9 mil millones de pesos con proveedores. Además, existen pasivos laborales que podrían sumar cerca de 430 millones. La diputada advirtió que el monto total podría ser mayor porque aún no se identifican todas las obligaciones pendientes. Esta situación deja a empresas y trabajadores sin claridad sobre quién pagará los compromisos adquiridos.

Olivera recordó que este problema se arrastra durante tres administraciones, lo que dificulta identificar responsabilidades específicas. Añadió que es probable que el Estado termine asumiendo las deudas porque los afectados buscarán respuestas y no dejarán pasar los impagos.

Por esta razón, solicitó que la Contraloría revise a fondo las rendiciones y el uso de fondos públicos. También pidió que la contralora exponga ante la comisión el estado actual de las revisiones. Si se detectan irregularidades, Olivera señaló que el caso debe ser enviado al Consejo de Defensa del Estado para estudiar acciones legales. A su juicio, este episodio debe dejar una lección clara para evitar que grandes proyectos deportivos vuelvan a cerrarse sin control administrativo ni responsables definidos.

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