Reajuste del sector público abre polémica por norma que limitaría despidos en el Estado

Una fuerte controversia política se generó en torno al proyecto de reajuste del sector público, luego de que se incluyera una disposición que la oposición ha calificado como una “norma de amarre”. Según sus críticos, esta medida podría limitar la capacidad del próximo presidente, José Antonio Kast, para desvincular a funcionarios públicos al inicio de su gobierno.

El debate surgió incluso antes de que el proyecto ingrese formalmente al Congreso. Si bien el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público contempla un reajuste salarial del 3,4 por ciento, dos de las 16 organizaciones gremiales retiraron su respaldo por no quedar conformes con la propuesta general.

Pese a ello, uno de los puntos que sí logró consenso entre el Ejecutivo y varios gremios fue la norma que busca reforzar la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado. Esta disposición establece que la no renovación de contratas, o su renovación en condiciones distintas, solo podrá realizarse mediante un acto administrativo fundado, basado en criterios objetivos y verificables.

La medida se aplicaría a subsecretarías, servicios públicos dependientes de ministerios, reparticiones vinculadas directamente a la Presidencia de la República, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades.

Además, el texto señala que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por eventuales vicios de legalidad en caso de no renovación o modificación de sus condiciones laborales. En estos casos, la Contraloría General de la República solo podría abstenerse de pronunciarse si el afectado ya ha presentado acciones judiciales por los mismos hechos.

Desde los gremios, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, defendió la iniciativa, señalando que su objetivo es establecer mecanismos de protección y evaluación del desempeño, evitando despidos masivos sin fundamentos claros. Según indicó, esto busca prevenir situaciones similares a las ocurridas en administraciones anteriores, cuando se produjeron desvinculaciones amplias en el sector público.

El proyecto también incorpora una regulación específica para el personal que presta asesoría directa en los gabinetes del Presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis y jefes superiores de servicios designados por el Ejecutivo. En estos casos, se fijan reglas sobre modalidad de contratación, causales de cese y niveles de remuneraciones.

Las críticas desde la oposición fueron inmediatas. Parlamentarios de distintos sectores acusaron que la norma excede el objetivo del reajuste salarial y busca asegurar la permanencia de personas cercanas políticamente al actual gobierno. Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero afirmó que se trata de un intento por proteger a activistas y operadores políticos. En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que la disposición genera una suerte de inamovilidad que incluso dificultaría remover cargos de confianza.

Con este escenario, el proyecto anticipa un debate complejo en el Congreso, donde será discutido durante la primera semana de enero, en medio del cambio de gobierno y de la tensión entre la estabilidad laboral en el Estado y las atribuciones del próximo Ejecutivo.

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