Congreso impulsa exámenes de drogas obligatorios para autoridades a partir de 2026

En el Tribunal Constitucional se encuentra una ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2025. La norma busca reforzar la seguridad municipal y la prevención del delito.

Aunque el proyecto es amplio, uno de sus puntos más discutidos es la incorporación de exámenes obligatorios de drogas para autoridades comunales.

La medida fue incluida por una indicación de la senadora Yasna Provoste y contó con apoyo transversal. Si el TC la aprueba, será la primera regulación permanente que obliga a alcaldes y concejales a someterse a estos controles.

La norma establece que los alcaldes deberán realizar, al menos una vez al año, un examen para detectar consumo de drogas ilegales. Si el resultado es positivo y no existe un tratamiento médico acreditado, la autoridad podría perder su cargo.

La obligación también se aplicaría a concejales, inspectores municipales y directores de seguridad comunal.

Más allá del nivel local, en el Congreso avanzan varias iniciativas que buscan extender estos controles a todas las autoridades del Estado. El objetivo es que, desde 2026, presidentes, ministros, parlamentarios y autoridades regionales deban someterse a exámenes periódicos.

La finalidad de estas medidas es detectar riesgos y frenar la influencia del narcotráfico en la política.

En el pasado, se aplicaron controles similares a través de leyes de Presupuesto o ajustes reglamentarios. Sin embargo, esas medidas no fueron permanentes.

Un proyecto con avance parcial

La iniciativa más avanzada corresponde a dos mociones presentadas por las diputadas Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en agosto de 2025.

Actualmente, la propuesta se encuentra en el Senado, en la Comisión de Gobierno Interior. Sin embargo, lleva varios meses sin avances debido a la carga legislativa de esa instancia.

Ante este escenario, la diputada Labra solicitó formalmente que se priorice su tramitación. Su principal preocupación es que el Senado impulse proyectos paralelos y deje de lado lo ya aprobado por la Cámara.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es que impide ser Presidente de la República a personas con dependencia de drogas ilegales. La única excepción es contar con un tratamiento médico debidamente acreditado.

La misma exigencia se aplica a ministros, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales.

Otras propuestas en el Senado

En la Cámara Alta existen otros proyectos con objetivos similares. Uno de ellos fue presentado por el senador Esteban Velásquez junto a la senadora Alejandra Sepúlveda. La iniciativa busca establecer controles obligatorios para parlamentarios.

El proyecto señala que cada corporación deberá definir el procedimiento y la periodicidad de los exámenes mediante su reglamento interno.

A esto se suma otra propuesta presentada por los senadores Ximena Rincón, Luz Ebensperger, Sergio Gahona y Francisco Chahuán.

Ese proyecto busca impedir el acceso a cargos públicos a personas con dependencia de drogas ilegales, salvo que exista un tratamiento médico acreditado.

Además, establece que todo postulante a un cargo público deberá someterse a un control de drogas y presentar una declaración jurada que respalde su situación.

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