Rusia refuerza la censura digital: Putin amplía el control sobre celulares y redes sociales

El gobierno de Vladimir Putin avanzó en una nueva etapa de control digital en Rusia, con mayores restricciones al uso de teléfonos móviles y a plataformas de redes sociales, especialmente Telegram. El parlamento ruso, dominado por el Kremlin, aprobó un conjunto de normas que refuerzan la vigilancia estatal sobre las comunicaciones y el acceso a la información.

La agencia reguladora Roskomnadzor confirmó que mantendrá las limitaciones a Telegram hasta que la plataforma corrija lo que considera violaciones a la legislación rusa. Según el organismo, los datos personales de los usuarios no estarían suficientemente protegidos y seguirían existiendo riesgos de fraude y actividades delictivas a través del servicio de mensajería.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, Telegram se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre la guerra, tanto para la población rusa como internacional. Funcionarios ucranianos y mandos militares utilizan la aplicación para difundir reportes constantes sobre los combates, en un contexto marcado por la censura interna impuesta por Moscú.

Las autoridades rusas aseguraron estar dispuestas a colaborar con servicios digitales nacionales y extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos legales del país. Entre las exigencias figuran el alojamiento de servidores en territorio ruso, la protección de datos personales y la implementación de mecanismos contra el fraude, el extremismo y el terrorismo.

En paralelo, la Duma Estatal aprobó en primera discusión un proyecto legislativo que reúne cerca de veinte iniciativas orientadas a reforzar el control sobre la población. El texto, presentado por el gobierno en diciembre de 2025, incluye la obligación de informar cuando una tarjeta SIM registrada sea transferida a un menor, clasificándola como “SIM infantil”.

La normativa también establece que todos los teléfonos móviles importados a Rusia deberán contar con un número de identificación único, conocido como IMEI, que será incorporado a una base de datos controlada por el Ejecutivo. Además, el restablecimiento de cuentas en el portal estatal Gosuslugi solo podrá realizarse mediante métodos considerados seguros, como verificación presencial, aplicaciones bancarias, datos biométricos o firma electrónica.

El proyecto limita, además, la cantidad de tarjetas bancarias que una persona puede poseer, con un máximo de veinte en total y no más de cinco por banco, aunque el Banco Central tendrá facultades para modificar estos topes.

Otra de las disposiciones prevé que, cuando sea técnicamente posible, las empresas de telecomunicaciones informen al Estado sobre todas las llamadas internacionales recibidas por sus usuarios, aumentando así el control sobre las comunicaciones con el exterior.

Finalmente, la iniciativa incluye medidas contra el phishing y el fraude digital. Los bancos estarán obligados a reforzar la seguridad de sus sistemas y deberán compensar a los clientes en caso de pérdidas por delitos informáticos. El portal Gosuslugi incorporará también un botón de alerta para víctimas de cibercrimen.

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