Alcalde de Guayaquil enfrenta pedido de prisión preventiva por presunta delincuencia organizada

La justicia ecuatoriana declaró legal la detención de Aquiles Álvarez en el caso Goleada

La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. La audiencia se realizó en la madrugada del 11 de febrero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.

El juez declaró legal la detención de once personas, lo que permitió a la Fiscalía presentar formalmente los cargos y sustentar su pedido de medidas cautelares.

Cómo se inició el caso Goleada

La investigación avanzó tras un operativo ejecutado el 10 de febrero en la provincia de Guayas. Durante el procedimiento fueron detenidas once personas, entre ellas el alcalde y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez.

Según la Fiscalía, en los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, computadores, dispositivos USB, dinero en efectivo y documentos que estarían vinculados con la causa.

Los procesados siguieron la audiencia de manera telemática desde una zona de aseguramiento. Sus abogados estuvieron presentes en la sala. Antes del pedido de prisión preventiva, las defensas entregaron documentos para acreditar arraigo y solicitar medidas alternativas.

En el caso del alcalde, se presentaron antecedentes relacionados con su cargo como autoridad electa y un certificado de honorabilidad firmado por el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, de acuerdo con reportes de medios locales.

La postura de la Fiscalía y la defensa

El Ministerio Público sostiene que existe un entramado societario complejo que habría evadido controles estatales. A su juicio, esta estructura generaría riesgos procesales si los investigados enfrentan el proceso en libertad. Por ello solicitó prisión preventiva para diez personas y arresto domiciliario para una persona de la tercera edad.

La Fiscalía anticipó que presentará cerca de 20 elementos de convicción para respaldar su teoría del caso.

Además, informó que al momento de la detención el alcalde no portaba el grillete electrónico que le había sido impuesto en el caso Triple A, donde es investigado por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. Aunque ese antecedente no forma parte del expediente actual, podría influir en la discusión sobre las medidas cautelares.

La defensa rechazó la acusación. El abogado Ramiro García afirmó que la nueva causa repite hechos que ya están siendo investigados en el proceso relacionado con hidrocarburos. También cuestionó la interpretación técnica de la Fiscalía en materia de comercialización de combustibles.

Impacto político y próximos pasos

En el exterior del complejo judicial se desplegó un fuerte operativo de seguridad. Simpatizantes del alcalde se concentraron en el lugar mientras se desarrollaba la audiencia, que fue suspendida cerca de las 6:00 hora local.

El caso se produce en un contexto de tensión política entre el alcalde de Guayaquil y el Gobierno central. La decisión sobre la prisión preventiva será clave para definir el rumbo del proceso judicial y su impacto en la administración municipal.

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