Gremios de Gendarmería arremeten contra Gajardo por insinuar posible “sabotaje” en liberaciones erróneas

Liberaciones por error tensionan la reforma penitenciaria y profundizan el conflicto entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de funcionarios.

La crisis en Gendarmería de Chile se agudizó luego de que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señalara que no se pueden descartar eventuales actos de corrupción o incluso sabotaje en las recientes liberaciones erróneas de imputados. Sus declaraciones provocaron una dura reacción de los gremios, que calificaron sus palabras como irresponsables y exigieron respeto hacia la institución.

La polémica surge tras dos liberaciones equivocadas ocurridas en menos de 24 horas. El primer caso se registró en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, donde un coimputado se hizo pasar por otro detenido y quedó en libertad. Al día siguiente, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, un imputado fue liberado pese a que se le había decretado prisión preventiva. Con estos episodios, ya suman ocho liberaciones por error en los últimos meses.

En entrevista con Meganoticias, el ministro afirmó que, además de un posible error administrativo, podrían existir otras motivaciones detrás de estos hechos. Argumentó que la institución se encuentra en medio de una reforma que ha generado resistencias internas, en referencia al proyecto que busca traspasar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública.

Las declaraciones no solo generaron críticas desde el ámbito gremial, sino también desde el mundo político. El presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo que se debe cuidar la imagen de las instituciones y evitar generalizaciones que puedan dañarlas.

Rechazo transversal de los gremios penitenciarios

El Frente de Trabajadores Penitenciarios, que agrupa a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la Asociación de Gendarmes de Chile y la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, expresó que los hechos deben investigarse con rigor, pero rechazó que se instale públicamente la hipótesis de sabotaje sin pruebas concluyentes.

Su vocero, Pablo Jaque, afirmó que ningún funcionario pondría en riesgo su fuente laboral para boicotear una reforma constitucional y calificó las declaraciones como una bofetada al personal penitenciario.

Desde la Asociación Nacional de Suboficiales advirtieron que utilizar el concepto de sabotaje sin un diagnóstico técnico serio afecta la honra institucional y desvía la atención de problemas estructurales como el déficit de personal, la sobrecarga laboral y la falta de capacitación.

En tanto, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios y otros gremios como la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería y la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares reiteraron la necesidad de fortalecer la gestión interna, pero mediante investigaciones formales y no a través de declaraciones que, a su juicio, debilitan la institucionalidad.

Reforma en medio de una crisis estructural

La controversia se produce en un contexto complejo para el sistema penitenciario chileno, marcado por hacinamiento, aumento de episodios de violencia y cuestionamientos a la gestión. La reforma en discusión busca modernizar la estructura institucional y redefinir su dependencia ministerial, lo que ha generado debate tanto al interior del servicio como en el Congreso.

Mientras continúan las indagatorias por las liberaciones erróneas, el conflicto entre el Ejecutivo y los gremios abre un nuevo flanco político y administrativo en una institución que enfrenta desafíos estructurales urgentes.

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