Contraloría advierte a tres alcaldes del Biobío por no actualizar sus declaraciones patrimoniales

Tres alcaldes de la Región del Biobío fueron advertidos por la Contraloría General de la República tras detectarse que no mantienen actualizadas sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio, una obligación establecida por la legislación chilena para promover la transparencia en la función pública.

Los jefes comunales de San Rosendo, Lota y Alto Biobío figuran entre las 15 autoridades municipales del país que fueron apercibidas por el organismo fiscalizador luego de una revisión nacional sobre el cumplimiento de esta exigencia legal.

La situación podría derivar en sanciones económicas e incluso en consecuencias más severas si los incumplimientos no son corregidos dentro de los plazos establecidos.

Contraloría otorgó 10 días para regularizar la situación

La advertencia fue formalizada mediante oficios enviados el pasado 27 de mayo a cada una de las autoridades involucradas.

En dichos documentos, la Contraloría otorgó un plazo de 10 días hábiles para que los alcaldes regularicen sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio y presenten la información pendiente requerida por la normativa vigente.

Este mecanismo forma parte de las facultades de fiscalización del organismo para garantizar el cumplimiento de las normas de probidad y transparencia en el sector público.

¿Qué son las Declaraciones de Intereses y Patrimonio?

Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta destinada a transparentar los bienes, actividades económicas y vínculos que puedan generar eventuales conflictos de interés en el ejercicio de cargos públicos.

La obligación alcanza a diversas autoridades del Estado, incluyendo alcaldes, concejales, parlamentarios, ministros y otros funcionarios de alta responsabilidad.

La actualización periódica de estos antecedentes permite fortalecer los mecanismos de control ciudadano y prevenir situaciones que puedan afectar la confianza pública.

Las sanciones que contempla la ley

La Contraloría recordó que, en caso de persistir el incumplimiento una vez vencido el plazo otorgado, podrá iniciar procedimientos sancionatorios conforme a la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

La legislación establece multas que pueden fluctuar entre 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), dependiendo de cada caso.

Además, si la omisión se mantiene durante cuatro meses después de aplicada la primera sanción, la autoridad involucrada podría enfrentar medidas más severas, incluyendo la eventual destitución del cargo.

Biobío concentra tres casos dentro del listado nacional

Aunque el listado difundido por la Contraloría incluye alcaldes de distintas regiones del país, en la Región del Biobío fueron tres las comunas cuyos jefes comunales quedaron bajo observación por este incumplimiento administrativo.

Ahora, las autoridades involucradas deberán presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos para evitar eventuales sanciones y regularizar su situación ante el organismo fiscalizador.

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