El gobierno ha ingresado a Contraloría, para su respectiva toma de razón, 24 escritos pendientes para revocar las polémicas pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social.
La noche del lunes se presentaron 24 nuevos casos a trámite, que se suman al único que estaba siendo procesado hasta el momento por el órgano fiscalizador.
Este último fue presentado, luego retirado de Contraloría para corregir aspectos formales, los cuales fueron resueltos y, tras ello, la solicitud fue reintroducida.
La primera revocación, tramitada a inicios de febrero, fue precisamente la más comentada; es decir, el caso polémico en el que el beneficiario había sido condenado por pornografía infantil.
Ya se están revisando los documentos de 25 beneficiados, de los 27 anunciados por el Ejecutivo que serían revocados.
El proceso fue llevado a cabo por el Ministerio del Interior, en medio de críticas, el propio Presidente Boric había indicado que resolvería este asunto a inicios de febrero.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha especificado quiénes son los beneficiarios a los que, de pasar por toma de razón del organismo fiscalizador, se les revocarán las pensiones.
Según fuentes de Palacio, este corresponde a un proceso que recayó en el Ministerio del Interior y que, a juicio de La Moneda, se retrasó por los incendios que afectaron la región de Valparaíso.
La presión sobre el caso aumentó el 25 de enero pasado, luego que Radio Bío Bío revelara un informe final de la Contraloría General de la República que detallaba graves falencias en la asignación de las pensiones de gracia a víctimas del estallido social.
El fiscal administrativo detalló que 58 beneficiados cuentan con antecedentes penales, incluidos delitos violentos y hasta un condenado por pornografía infantil.
Además, el ente contralor dejó en evidencia que hay casos en los que no se presentan antecedentes médicos para respaldar el relato de quien postuló al beneficio.
El documento mostró que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos; o bien, «los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles».
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