Colegio Médico solicita reunión con Interior tras advertir 28 ataques diarios a personal de salud

La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia en los centros de salud, señalando que este año podría alcanzarse un total de 9 mil agresiones a profesionales de la salud. Arriagada destacó que actualmente se registran aproximadamente 28 ataques diarios, que van desde insultos hasta situaciones que implican el uso de armas.

Los recientes incidentes en el Hospital El Pino, así como las amenazas de muerte a funcionarios del Cesfam Raúl Silva Henríquez en Bajos de Mena, han puesto de manifiesto los peligros que enfrenta el personal médico. Arriagada, en declaraciones al diario La Segunda, afirmó que «es una situación que va aumentando y es preocupante».

En este contexto, el Colegio Médico ha solicitado una reunión con autoridades del Ministerio del Interior, ya que han estado esperando «hace semanas» la oportunidad de discutir datos y establecer medidas que aborden el incremento de la violencia en los centros de salud. La presidenta del Colegio Médico hizo hincapié en la obligación legal de los directores de los establecimientos de salud de denunciar todas las agresiones sufridas por su personal.

Arriagada también mencionó que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior tienen diferentes plataformas para registrar las denuncias, lo que dificulta la comparación de datos. En una primera reunión, la «matriz» presentada por el subsecretario Monsalve sorprendió a los representantes del Colegio, ya que no se incluían hospitales de la región Metropolitana, lo que llevó a la necesidad de un segundo encuentro.

Sobre la situación del Hospital El Pino, que ha sido declarado como un hospital centinela, Arriagada manifestó que se están implementando medidas que, si resultan efectivas, podrían ser replicadas en otros centros. Además, se mencionó la posibilidad de introducir vigilantes armados en los centros de salud, una medida que el Ministerio de Salud ya está considerando, en el marco de la tramitación de la ley de infraestructura crítica, que podría incluso involucrar a las Fuerzas Armadas en la tarea de resguardar la seguridad en estos espacios.

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