Comisión de Trabajo da luz verde a proyecto que redefine la «confianza legítima» en el sector público

La iniciativa busca reducir a dos años el requisito para la estabilidad laboral de funcionarios a contrata.

Tras la polémica generada por un reciente dictamen de la Contraloría que endureció los requisitos para apelar a la «confianza legítima» en el sector público, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca modificar esta normativa.

El dictamen, emitido el pasado 8 de noviembre por la contralora Dorothy Pérez, estableció que los empleados a contrata solo pueden reclamar actos ilegales o arbitrarios relacionados con su desvinculación si han cumplido al menos cinco años de contrato. Ante esta medida, sindicatos y gremios expresaron su malestar, calificándola como un retroceso en los derechos laborales.

El diputado socialista Leonardo Soto, autor de la propuesta, aseguró que este proyecto viene a resolver un vacío legal que afecta a miles de trabajadores. «Hoy, existe un libre despido para funcionarios a contrata en cualquier momento, lo que genera una gran incertidumbre», afirmó.

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional, llamó a agilizar la tramitación, pero subrayó la importancia de precisar el concepto de «confianza legítima» para garantizar seguridad jurídica tanto a los empleados como a la administración pública.

Desde los gremios, Helmuth Griott, vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), valoró la iniciativa como una vía para reducir los conflictos judiciales derivados de despidos.

En las próximas sesiones, se espera la comparecencia del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y de la contralora Pérez, para abordar el impacto de esta reforma en la estabilidad laboral del sector público.

El proyecto busca otorgar mayor seguridad laboral a los funcionarios, reduciendo a dos años el requisito para apelar por despidos injustificados, marcando un avance en la regulación de los derechos de los trabajadores públicos.

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